Los enfrentamientos entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto a las huelgas y protestas de profesionales sanitarios, han definido un año especialmente convulso para la política sanitaria en España, según el balance de 2025.
Desde el inicio del ejercicio, las discrepancias entre el departamento que dirige Mónica García y los gobiernos autonómicos del PP han sido recurrentes, especialmente en cuestiones como los cribados de cáncer, la aplicación de la ley del aborto y la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.
Fricciones en el Consejo Interterritorial
La tensa relación institucional se ha evidenciado en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), escenario de varios enfrentamientos políticos. El punto más crítico se produjo a finales de octubre, cuando los consejeros autonómicos del PP abandonaron la reunión celebrada en Zaragoza, denunciando una supuesta invasión de competencias.
El conflicto se intensificó tras la solicitud del Ministerio de Sanidad de datos sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, a raíz de los retrasos detectados en Andalucía. Las comunidades del PP acusaron al Ministerio de utilizar el CISNS con fines partidistas, mientras que Sanidad llegó a advertir con posibles acciones legales por la falta de colaboración.
Con el paso de los meses, todas las comunidades salvo Madrid han remitido finalmente la información requerida, según el propio Ministerio. Desde la Consejería de Sanidad madrileña se ha defendido que la entrega se está realizando “en tiempo y forma”.
El aborto y las advertencias judiciales
Otro foco de enfrentamiento ha sido la negativa de la Comunidad de Madrid a implantar un registro de objetores de conciencia al aborto, una medida incluida en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. El Gobierno regional sostiene que este registro vulnera la libertad de objeción, mientras que Sanidad defiende que se trata de un listado anónimo para garantizar la prestación del servicio en la sanidad pública.
En este contexto, el Ministerio envió requerimientos formales a Madrid, Aragón y Baleares, advirtiendo de posibles acciones judiciales por incumplimiento de la ley. La polémica se avivó con las declaraciones del Ministerio sobre una “rebelión contra la ley”, extremo que el Ejecutivo madrileño ha rechazado.
El caso del Hospital de Torrejón
A finales de año, el debate sanitario se amplió con el caso del Hospital de Torrejón, tras la filtración de unos audios atribuidos al entonces directivo de Ribera Salud, Pablo Gallart. En ellos se aludía a rechazar pacientes o prácticas no rentables en este centro de gestión privada y titularidad pública.
La empresa defendió que los audios estaban descontextualizados y negó irregularidades en la atención. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera Fátima Matute aseguró no haber recibido notificación alguna de denuncias formales ni de actuaciones de la Alta Inspección Médica anunciadas por Sanidad.
El Estatuto Marco y las protestas
La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario ha sido otro de los grandes ejes del año. El Ministerio ha negociado durante meses con los sindicatos del Ámbito de Negociación, con los que ha alcanzado un preacuerdo que incluye eliminación de las guardias de 24 horas, reducción de la jornada a 35 horas semanales y mejoras en jubilación y empleo público.
Sin embargo, las organizaciones médicas CESM y SMA han rechazado el texto, reclamando un estatuto específico para los médicos. Sanidad se ha opuesto a esta posibilidad al considerar que fragmentaría la cohesión del sistema nacional de salud, lo que ha derivado en huelgas y movilizaciones diferenciadas del resto de sindicatos.
Choque político y financiación
El conflicto ha llegado también al Congreso, donde el PP registró una Proposición No de Ley para exigir la retirada de la reforma del Estatuto Marco. Las diferencias se han extendido a la financiación, tras la aprobación por el Gobierno de 172 millones de euros para Atención Primaria, 39 millones para salud mental y 18 millones para prevención del suicidio.
Los populares calificaron estas cifras de insuficientes y acusaron al Ministerio de no abordar de forma eficaz la falta de profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia.
Avances pese al conflicto
Pese al clima de confrontación, Sanidad ha logrado sacar adelante varias iniciativas relevantes con amplio respaldo parlamentario. Entre ellas destaca la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, el Plan de Salud Mental 2025-2027 y la ampliación de los cribados neonatales.
También se han aprobado nuevos fondos para la lucha contra el cáncer, el Plan VEO para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años y la dotación de 500 millones de euros para la ley ELA, destinada a reforzar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades complejas.
