El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha aprobado las medidas que se deberán incorporar en los proyectos técnicos de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico del municipio. Esta aprobación se enmarca en la aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, sobre medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas en las Illes Balears.
Regularización de construcciones prescritas
La medida permitirá que aquellas edificaciones cuya infracción urbanística ya haya prescrito puedan acogerse a un procedimiento excepcional para obtener su legalización, siempre que cumplan una serie de condiciones técnicas, medioambientales y estéticas. La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha subrayado que se trata de una oportunidad para dar cobertura legal a construcciones preexistentes en suelo rústico sobre las que ya no puede exigirse el restablecimiento de la legalidad, al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos.
Criterios de sostenibilidad y adecuación al entorno
Los proyectos que se presenten para solicitar la legalización deberán incorporar medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental y a mejorar la integración paisajística de las edificaciones. Entre otros aspectos, se exigirán intervenciones destinadas a eliminar materiales contaminantes, a adaptar los cerramientos a una estética más acorde al entorno rural, así como a reducir la contaminación lumínica y optimizar el uso energético.
También se requerirán actuaciones orientadas a una gestión más eficiente del agua, como la implantación de sistemas de depuración adecuados al Plan Hidrológico de las Illes Balears y la instalación de depósitos para la recogida de aguas pluviales. Además, los jardines con vegetación exótica deberán transformarse en espacios con especies de bajo consumo hídrico y estética mediterránea.
Un plazo de tres años desde la publicación oficial
El procedimiento se activará oficialmente con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), a partir de la cual se abrirá un plazo de tres años para que los propietarios interesados puedan presentar sus solicitudes de legalización. El Ayuntamiento facilitará en los próximos días toda la documentación y requisitos técnicos necesarios a través de sus canales oficiales.
