El Ayuntamiento de Sant Antoni ha puesto en marcha una nueva campaña contra el alquiler turístico ilegal con el objetivo de reforzar la vigilancia, fomentar la denuncia ciudadana y recuperar viviendas para el uso residencial.
La iniciativa arranca con la distribución de cartelería informativa en edificios plurifamiliares del municipio y el anuncio de nuevas herramientas de control y sanción.
Entre las principales medidas destaca la creación de doce nuevas plazas de “Agente de Intrusismo y Convivencia”, una figura que se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa autonómica y municipal en materia de transporte y vivienda turística, así como de informar a vecinos y visitantes. Esta actuación se financia con 546.398 euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), en colaboración con el Consell de Ibiza.
El alcalde Marcos Serra, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, y el jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, mantuvo recientemente una reunión con representantes del Colegio de Administradores de Fincas para facilitar la distribución de los carteles, que advierten de que el alquiler turístico en edificios plurifamiliares está prohibido por la Ley de Turismo de las Islas Baleares y puede acarrear sanciones de hasta 500.000 euros.
Además, se ha habilitado un apartado específico en la app Línea Verde de Sant Antoni para que los ciudadanos puedan denunciar directamente alquileres turísticos ilegales, así como otras prácticas irregulares que afecten a la convivencia o vulneren la normativa vigente. También se puede contactar a través del correo oficial del Consell: [email protected].
Un plan de choque con refuerzos policiales y tecnología
Sant Antoni será uno de los municipios beneficiarios del plan de choque contra el intrusismo aprobado por el Consell de Ibiza con una inversión global de 22,2 millones de euros entre 2025 y 2027. En esta primera fase, se destinarán 660.243 euros al municipio para reforzar los equipos de inspección y dotarse de nuevos medios técnicos.
El proyecto contempla la incorporación de dos policías locales, seis agentes de intrusismo, personal de apoyo administrativo y técnico, así como servicios de detectives privados, vehículos, equipamiento informático y campañas de concienciación.
El objetivo: intensificar el número de inspecciones, mejorar la detección de infracciones y elevar el volumen de expedientes sancionadores en materia de alojamiento y transporte no regulado. Un paso más en la estrategia de Sant Antoni para combatir el intrusismo y mejorar el acceso a la vivienda en la isla.
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