El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este miércoles los criterios específicos para permitir la legalización de construcciones en suelo rústico con infracciones urbanísticas prescritas. Se trata de un paso clave para activar en el municipio la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2024 de medidas urgentes del Govern balear, que habilita a los consistorios a aplicar un procedimiento extraordinario de regularización de viviendas construidas fuera de normativa.
La medida salió adelante con los votos de PP y Vox, mientras que los grupos de izquierda votaron en contra, al considerar que abre la puerta a una “especulación urbanística encubierta”.
Requisitos técnicos y sostenibles para acogerse al procedimiento
Según informó el Ayuntamiento en nota de prensa, para acogerse a este proceso de legalización, las construcciones deberán cumplir criterios estéticos, de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad. Se exige, entre otros puntos:
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Uso de materiales tradicionales como piedra y madera.
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Integración paisajística mediante colores neutros y sin elementos estridentes.
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Eliminación de amianto.
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Instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales y placas solares.
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Puntos de carga para vehículos eléctricos en edificaciones comerciales o industriales mayores de 200 m².
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Adecuación a la normativa ambiental, de accesibilidad y de seguridad.
“No se trata de una amnistía, sino de ofrecer una vía legal a situaciones consolidadas en el tiempo, siempre bajo parámetros estrictos”, defendió el alcalde Vicent Roig durante el pleno.
La oposición acusa de favorecer a inversores privados
Las críticas llegaron desde todos los grupos de la oposición. El portavoz socialista Vicent Roselló advirtió que esta medida “solo sirve para producir la máxima especulación en suelo rústico”, beneficiando a grandes propietarios o promotores.
Desde Ara, Josep Antoni Prats denunció la legalización de “atentados urbanísticos” sin restricciones de uso posterior. La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Fernández, fue aún más contundente: “Es una hipocresía de libro: se pretende vestir de verde una medida que en el fondo consolida el modelo de descontrol”.
La normativa insular que permite esta vía de legalización
La decisión del pleno de Sant Josep se enmarca dentro de la normativa habilitada por el Consell de Ibiza, que el pasado 28 de marzo aprobó la aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2024. Esta disposición abre la puerta a una legalización extraordinaria de construcciones en suelo rústico que presenten infracciones urbanísticas prescritas, siempre que cumplan una serie de condiciones ambientales, técnicas y urbanísticas.
Tal como detalló La Voz de Ibiza, las edificaciones deben acreditar:
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Que fueron construidas antes del 1 de enero de 2014.
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Que no se ubican en zonas protegidas, áreas inundables ni terrenos con valores paisajísticos o ecológicos sensibles.
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Que las infracciones estén prescritas y no hayan sido objeto de procedimiento sancionador activo.
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Que se integren al paisaje y adopten medidas de sostenibilidad energética e hídrica, como placas solares, recogida de aguas pluviales o puntos de carga eléctrica en edificaciones de uso terciario.
Además, las solicitudes de legalización deberán contar con un proyecto técnico visado, inspecciones previas y un informe favorable de los servicios jurídicos y de disciplina urbanística del ayuntamiento correspondiente.
Aunque la medida ha sido etiquetada como una “amnistía urbanística” por sectores críticos, el Consell y los municipios defensores insisten en que se trata de una regularización excepcional, no generalizada, que pretende ordenar el territorio y recuperar la disciplina urbanística con criterios claros y fiscalizados.
