El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, celebrado el jueves 31 de octubre, debatió una moción presentada por el concejal Josep Antoni Prats Serra, de ARA Eivissa, para investigar y regular la exhibición de símbolos asociados a ideologías de extrema derecha en los taxis del municipio.
La propuesta surgió desde PSOE, Unides Podem y ARA Eivissa tras la noticia publicada por La Voz de Ibiza en septiembre, que revelaba la presencia de emblemas históricos en vehículos de transporte público en varios municipios de la isla, con la particularidad que entre estos símbolos se incluían la cruz de Borgoña y el águila bicéfala, los cuales han sido adoptados por grupos neonazis y de ultraderecha en los últimos años, generando preocupación entre sectores de la ciudadanía.
Tal como informó este medio, algunos ciudadanos habían expresado inquietud ante la exhibición de estos emblemas en un contexto turístico como el de Ibiza, donde la imagen pública y el respeto a la diversidad son clave para la convivencia, además de incumplir la normativa del sector.
En el contexto de esta situación, Prats presentó la moción en el Ayuntamiento de Sant Josep, solicitando que el consistorio tomara medidas activas para prohibir la exhibición de dichos símbolos en los taxis del municipio.
Que se investigue
Durante la sesión, Prats argumentó que los taxis “portan simbología no autorizada” y subrayó que estos emblemas “se autoidentifican como de exaltación de determinados ideales políticos” que pueden interpretarse como «identificadores de ideologías intolerantes».
Prats señaló que el Ayuntamiento tiene el deber de hacer cumplir la normativa ya que «tenemos taxis que muestran simbología no autorizada, dado que el Ayuntamiento no ha autorizado llevar estos símbolos; no hay ningún acuerdo municipal que permita llevar estos símbolos, que además se identifican como exaltación de ciertos ideales políticos y están señalados por posibles delitos de odio».
«Así que hay que tener en cuenta que esto no está autorizado, y además tenemos leyes que indican que los servicios y las administraciones públicas deben tomar medidas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura», añadió.
Con el argumento legal sobre la mesa, Prats defendió su moción: «Esto es, literalmente, lo que dice la ley. No es algo que diga yo. Evidentemente, la moción no busca limitarse a un símbolo específico; no es cuestión de discutir si ciertos símbolos gustan o no, o si me gusta poner unos u otros. No se trata de eso, sino de que creemos que la normativa debe cumplirse en todos sus términos».
Finalmente, inisitó que la propuesta de resolución establece estrictamente lo siguiente: que el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, investigue la exhibición de simbología no autorizada en los taxis dentro de nuestro municipio, especialmente aquella que pueda ser percibida por la ciudadanía como un identificador de ideologías intolerantes. En los casos en que se detecten, se abrirán los correspondientes expedientes para aplicar las medidas correctoras y sancionadoras».
Respuesta del equipo de gobierno: limitaciones legales
El regidor Vicent Torres, del Partido Popular, explicó durante el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep que el consistorio no tiene competencias para iniciar investigaciones sobre simbología en los taxis sin una denuncia formal.
“El Ayuntamiento no tiene competencias de investigación”, afirmó Torres, detallando que la actuación municipal solo se activa cuando existe una denuncia específica por parte de la policía local o de un particular, y que en esos casos, “actuará en esa denuncia, pero investigar por investigar, no investigamos”. El regidor enfatizó que esta labor debería recaer en “la Guardia Civil o la Policía Nacional o de los cuerpos del Estado”.
Torres argumentó en contra de la moción, señalando que la propuesta es ambigua y no especifica claramente qué debe considerarse intolerante. “Queremos prohibir simbología que pueda ser percibida por la ciudadanía como identificadora de ideologías intolerantes, sin especificar qué debe considerarse intolerante, lo cual es, de alguna manera, muy intolerante”, declaró.
Agregó que prohibir símbolos en función de percepciones subjetivas podría generar confusión y llevar a una aplicación injusta de la normativa.
Además, el regidor cuestionó la estructura de la moción, indicando que es “una moción que yo creo que se divide en dos partes, o que quieren hacer énfasis en dos cuestiones”.
Explicó que la moción tiene “una parte muy política y otra de servicio de Estado”, lo que en su opinión no corresponde a una regulación municipal. Y defendió que la cruz de Borgoña, símbolo en cuestión, es “una bandera histórica, un símbolo histórico que creo que debe mantenerse y garantizar su independencia política”.
Asimismo, Torres justificó el voto en contra señalando que el Ayuntamiento ya dispone de una ordenanza que permite actuar si se presenta una denuncia y que no es necesario aplicar una nueva normativa. “Ya tenemos la ordenanza que lo prevé”, apuntó, insistiendo en que el Ayuntamiento y la policía local solo pueden intervenir ante una denuncia formal, siguiendo el procedimiento establecido en estos casos.
Desacuerdo sobre las competencias municipales
Prats, que se mostró visiblemente decepcionado con la postura del PP, respondió que el Ayuntamiento ya cuenta con un cuerpo de seguridad propio que investiga en otros ámbitos, como en casos de vertidos ilegales, y argumentó que, en este caso, la policía podría actuar de manera similar.
Torres, sin embargo, defendió la posición del equipo de gobierno y reiteró que, sin una denuncia formal, el Ayuntamiento no puede iniciar investigaciones sobre la simbología en los taxis: “Nos regimos por una ordenanza que especifica qué se puede y qué no se puede mostrar en un taxi, y es nuestro deber hacer cumplir las normas dentro de ese marco, pero no estamos facultados para iniciar investigaciones sin una base formal”.
Finalmente, la moción de Prats no prosperó debido a la falta de consenso entre los grupos políticos y la votación terminó con 12 por la negativa y 9 por la positiva.
