Desvelado el misterio que ha mantenido en vilo a Formentera en los últimos meses y que ha supuesto un intenso debate político y social. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en las últimas horas los pliegos aprobados por el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria la semana pasada que regirán el concurso público que determinará la empresa que gestionará la futura marina unificada de Formentera a partir del mes de octubre, si se cumplen los plazos, y durante los próximos 16 años, salvo que el ganador proponga una rebaja en el periodo de explotación.
El planteamiento del concurso de la Savina supone un antes y un después respecto a los concursos especulativos que había venido convocando Autoridad Portuaria de Baleares (APB). En este sentido, el presidente del ente que gestiona los puertos de interés general de Baleares, Javier Sanz, ha cumplido su palabra y el diseño del reparto de los puntos supone priorizar la calidad del proyecto y la contención de las tarifas frente a la especulación que suponía que en concursos anteriores se priorizara el canon que cobra la APB sin prestar atención a los precios que acaban pagando los usuarios.
Este concurso afecta a la explotación de amarres, locales comerciales, marina seca y aparcamientos subterráneos.
Así pues, Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha decidido cambiar las reglas del juego en la gestión de sus puertos.
Por primera vez, los criterios de valoración reducen el protagonismo de los ingresos fijos —el canon— y priorizan la oferta que garantice mejor servicio, tarifas asequibles y respeto medioambiental. Se trata de una respuesta directa a las críticas por la entrada de fondos de inversión cuya única prioridad es la rentabilidad rápida.
El ganador del concurso será el que obtenga más puntos, repartidos de la siguiente manera:
- 30 puntos para la oferta que presente el mejor proyecto de obras e instalaciones
- 28 puntos la empresa que ofrezca las tarifas más bajas
- 10 puntos a la empresa con mejor propuesta medioambiental
- 15 puntos a la empresa que garantice el mayor canon
- 15 puntos a la empresa que garantice la mayor inversión
- 2 puntos a la empresa que ofrezca un menor periodo de explotación
El futuro de La Savina
El pliego obliga al futuro concesionario a reservar:
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75 amarres para embarcaciones chárter en temporada alta.
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20 amarres para recreo particular.
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2 amarres para embarcaciones de excursiones (golondrinas).
Además, se exigirán obras como la construcción de un aparcamiento subterráneo de 90 plazas, la reordenación de pantalanes y la demolición y reconstrucción de edificaciones.
Un reparto de puntos que reequilibra intereses
El elemento más destacado de este nuevo pliego es el cambio en la ponderación de los criterios de valoración. A diferencia de otros concursos recientes, donde la mejora del canon concesional y la inversión económica tenían un peso predominante, en la Savina el foco se ha desplazado claramente hacia la calidad del proyecto y tarifas asequibles.
El canon concesional mínimo se ha fijado en 1.108.594,67 euros anuales. Su peso en la adjudicación será del 15%, un porcentaje inferior al habitual en licitaciones anteriores de la APB, donde superaba el 25% en algunos casos. Lo mismo ocurre con la inversión inicial, que se valorará con otro 15%.
Por el contrario, el proyecto básico de obras e instalaciones asume un 30% del total de la puntuación, convirtiéndose en el criterio más relevante. Le sigue la mejora de las tarifas máximas a todos los usuarios, con un 28%, un porcentaje inusualmente elevado que evidencia la voluntad de la APB de garantizar precios asequibles para los usuarios del puerto, especialmente en amarres, marina seca y locales comerciales.
La sostenibilidad ambiental se valora con un 10%, mientras que la reducción del plazo de concesión, cuyo máximo es de 16 años, aportará como mucho un 2% adicional.
Comparativa con concursos anteriores
Este nuevo planteamiento contrasta con los criterios aplicados en concursos anteriores de la APB, como los de Palma (Club de Mar) o Mahón, donde la mejora del canon y la magnitud de la inversión económica determinaban la mayor parte de la puntuación.
En esos procedimientos:
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El canon concesional representaba entre el 25% y el 30%.
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Las inversiones cuantiosas sumaban entre el 20% y el 30%.
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Las tarifas a usuarios apenas superaban el 10% de la valoración.
En cambio, el concurso de La Savina introduce un cambio de paradigma: se reduce el peso de las pujas económicas por canon; se prioriza la calidad de las actuaciones proyectadas y se otorga un peso real a las tarifas, con un 28% destinado a premiar las reducciones en los precios máximos ofertados.
El proyecto básico: la clave de la adjudicación (30%)
El proyecto básico de obras e instalaciones es el elemento más valorado del concurso de La Savina, con un 30% del total de la puntuación. Aquí se analizará la calidad y viabilidad de las propuestas presentadas, prestando especial atención a la optimización del espacio portuario, la integración paisajística y la sostenibilidad de las actuaciones. Se evaluará cómo se reorganizan los amarres, la marina seca, las zonas comerciales y las infraestructuras, priorizando proyectos que mejoren la funcionalidad del puerto sin alterar su identidad.
Subcriterios:
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Idoneidad y justificación (50%).
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Optimización del dominio público (25%).
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Sostenibilidad y tecnologías limpias (15%).
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Calidad material y de acabados (10%).
Las tarifas a usuarios, en el centro del modelo (28%)
El 28% de la puntuación total se reserva a valorar la mejora de las tarifas máximas a los usuarios. Esta vez, la APB prioriza las ofertas que permitan reducir los precios de los amarres de tránsito y base, la marina seca, los locales comerciales y los suministros básicos. Se busca así garantizar un puerto más asequible tanto para los usuarios locales como para las actividades económicas de Formentera. A menores tarifas máximas para los usuarios, más puntos.
El canon concesional, relegado a un papel equilibrado (15%)
El canon concesional representará un 15% de la puntuación. El pliego establece un canon mínimo de 1.108.594,67 euros anuales, pero limita su peso en la valoración para evitar que las ofertas se conviertan en subastas al alza que después repercutan en sobrecostes para los usuarios. Se reconoce su importancia, pero no como criterio decisivo. La oferta con mayor mejora obtiene 15 puntos, el resto se valora proporcionalmente, obteniendo la empresa que haga la peor oferta 0 puntos. El resto recibe puntos de forma proporcional.
La inversión inicial: calidad frente a volumen (15%)
La inversión inicial mínima es de 10 millones de euros, con una ponderación del 15%. Se valorará la inversión adicional ofrecida, pero ponderada por el plazo de concesión, para evitar propuestas desproporcionadas. La oferta con mayor inversión ponderada obtiene el 15%, las demás por interpolación.
La sostenibilidad ambiental como eje transversal (10%)
Las mejoras medioambientales representarán un 10% de la puntuación. Se valorarán medidas en eficiencia energética a través del uso de energías renovables, ahorro de agua y energía, empleo de materiales ecológicos y gestión circular de residuos. Se premiarán las soluciones innovadoras que minimicen el impacto sobre el entorno.
La reducción del plazo de concesión: un incentivo menor (2%)
El plazo máximo de la concesión es de 16 años. Las ofertas que propongan reducirlo podrán obtener hasta un 2% adicional de la puntuación. Aunque de peso limitado, este criterio premia la eficiencia en la explotación, favoreciendo proyectos que ofrezcan un retorno más rápido a la gestión pública.
