El senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, denunció este lunes en la Comisión de Vivienda del Senado la gravedad de la crisis habitacional en las Pitiusas y defendió el modelo de regulación del alquiler aplicado en Barcelona como ejemplo útil para frenar la escalada de precios.
Durante su intervención, Ferrer aseguró que una familia en Barcelona paga hoy 220 euros menos al mes de alquiler que si no se hubiera intervenido el mercado, y sostuvo que esta diferencia demuestra la eficacia de las políticas públicas de regulación. En contraposición, señaló que en Ibiza y Formentera se vive «un caso de laboratorio porque tenemos de todo», en referencia a factores como la especulación, la vivienda vacía y el uso turístico de pisos residenciales.
El senador lamentó que, pese a la gravedad de la situación, «la problemática de los pisos turísticos se ha agravado durante los últimos tres años», y criticó al Partido Popular por «intentar hacer creer lo contrario».
Crítica a la falta de suelo público
Ferrer defendió la necesidad de crear un parque público de vivienda como medida imprescindible para hacer frente a la emergencia habitacional. En ese sentido, denunció la «falta de gestión y planificación en la mayoría de municipios pitiusos», donde, según dijo, «el desarrollo del planeamiento ha sido tan deficiente que no hay suelo público» para construir vivienda.
También defendió que las medidas reguladoras son necesarias, dada la magnitud del problema, y afirmó que «la Ley de Vivienda, por mucho que se haya demonizado, ofrece un marco legislativo general» que permite a las comunidades autónomas actuar en zonas tensionadas.
Apoyo a limitar compras a no residentes
Sobre la posibilidad de limitar la compra de viviendas a no residentes, Ferrer se mostró partidario de aplicar esta medida y valoró positivamente que el Govern balear haya planteado restringir durante cinco años la adquisición de inmuebles a ciudadanos extracomunitarios que no residan en las islas. Añadió además que el Gobierno central ya ha sido informado para que estudie su aplicación.
¿Qué hace Barcelona para contener los precios?
Barcelona aplica desde marzo de 2024 un modelo basado en el control de precios del alquiler en zonas residenciales tensionadas, donde la demanda supera con creces la oferta. A través de un índice estatal de referencia, se fijan precios máximos para los nuevos contratos y se impide que los propietarios aumenten las rentas incluso tras un cambio de inquilino. Este sistema, respaldado por la Generalitat y recogido en la Ley de Vivienda, busca moderar la subida de precios y dar estabilidad a los arrendatarios.
Según ha señalado el medio Catalán New, los primeros resultados del modelo barcelonés muestran una bajada del 6,4 % en el precio medio de los alquileres en la capital catalana, mientras que en otros municipios que aplican la misma normativa la caída ronda el 3,7 %. Aunque la eficacia del sistema es motivo de debate político y técnico, los datos respaldan que una intervención normativa puede aliviar la presión sobre el mercado y mejorar el acceso a la vivienda.
