El Gobierno español ha dado un paso más en la regulación de la inteligencia artificial (IA) con la aprobación del anteproyecto de la Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA. Esta normativa, que ha recibido luz verde este martes en el Consejo de Ministros, obligará a identificar de forma clara cualquier contenido generado o manipulado con inteligencia artificial, y castigará su uso fraudulento con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de una empresa.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado la importancia de esta nueva legislación, destacando que la IA es “una herramienta poderosa” con potencial para impulsar el crecimiento económico, avanzar en la lucha contra enfermedades y desarrollar nuevos fármacos, pero que también puede ser utilizada para difundir bulos, incitar al odio y atentar contra la democracia.
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La inteligencia artificial y su impacto en la economía española
El ministro ha presentado, además, un informe sobre la implementación de la inteligencia artificial en España. Según este estudio, si la tecnología se aplica de manera efectiva, el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer un 8% en la próxima década, lo que supondría un impacto económico de más de 100.000 millones de euros.
Esta ley se enmarca dentro del «escudo europeo» para la protección de los derechos digitales, alineándose con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ya ha entrado en vigor.
Prohibiciones clave: manipulación subliminal y clasificación biométrica
El anteproyecto prohíbe expresamente algunas prácticas de la IA que pueden manipular a los ciudadanos sin su conocimiento. Entre ellas, las técnicas subliminales, como imágenes o sonidos imperceptibles que influyen en el comportamiento sin consentimiento explícito.
Como ejemplo, el ministro citó el caso de un chatbot que identifique a personas con adicción al juego y las incite a apostar utilizando técnicas subliminales. También estará prohibido que juguetes infantiles con IA animen a los niños a realizar retos peligrosos que puedan causarles daños físicos.
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Otras prácticas que quedarán fuera de la ley incluyen:
- Clasificación biométrica basada en raza, religión, orientación política o sexual.
- Sistemas de puntuación social, que evalúen a individuos según su comportamiento o características personales para, por ejemplo, decidir si pueden acceder a subvenciones o préstamos.
- Predicción de delitos basada en datos personales como nivel educativo o historial familiar.
Las sanciones para estas infracciones oscilarán entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial de la empresa responsable. Para pymes, la cuantía será menor.
Los deepfakes en el punto de mira: etiquetado obligatorio
Uno de los aspectos clave de la ley es la regulación de la «ultrasuplantación» o deepfake. A partir de su aprobación, será obligatorio etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado con IA que muestre a personas diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado.
El Gobierno quiere evitar la manipulación de la opinión pública a través de montajes engañosos. La supervisión de estos contenidos estará en manos de organismos como:
- Agencia Española de Protección de Datos (sistemas biométricos y fronteras).
- Consejo General del Poder Judicial (IA en justicia).
- Junta Electoral Central (IA en procesos democráticos).
- Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (resto de casos).
Multas de hasta 7,5 millones para incumplimientos graves
La ley también prevé sanciones de 500.000 a 7,5 millones de euros para quienes no cumplan con las obligaciones de transparencia y etiquetado en el uso de IA.
Esta regulación llega en un momento en el que el uso de la inteligencia artificial en campañas políticas y en la difusión de desinformación está en el punto de mira. Hace solo unos días, el Partido Popular difundió dos vídeos generados con IA, lo que ha reavivado el debate sobre los límites éticos y legales en el uso de esta tecnología en el ámbito político y electoral.
Uno de los vídeos, titulado «La isla de las corrupciones», fue eliminado tras las protestas de la República Dominicana, ya que utilizaba imágenes del país caribeño para atacar al PSOE y sus casos de corrupción. En otro, difundido el 8 de marzo, se mostraban imágenes ficticias de dirigentes de izquierda y de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Regulación estricta para sistemas de alto riesgo
El anteproyecto clasifica ciertos sistemas de IA como «de alto riesgo», lo que significa que deberán cumplir con estrictos requisitos de seguridad y transparencia. Entre ellos:
- Sistemas de IA en la administración de justicia.
- Control fronterizo y gestión de migración y asilo.
- Productos industriales, juguetes y dispositivos médicos con IA integrada.
En caso de incumplimiento, las sanciones podrán ascender a 3% del volumen de negocio global de la empresa responsable.
España, en la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial
Con esta nueva ley, el Gobierno español busca alinearse con la normativa europea y convertirse en uno de los primeros países en imponer un marco legal sólido para la inteligencia artificial.
