El juicio por el presunto amaño del concurso de bomberos del Consell de Formentera en 2012 se reanudó este martes en Palma con un giro previsible pero revelador: los dos principales acusados, Jaume Ferrer y Sílvia Tur, decidieron no declarar. Ni siquiera respondieron a sus propios abogados defensores.
Ambos exdirigentes insulares están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa y se enfrentan a una petición fiscal de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La prueba que el Consell no entregó
El arranque del juicio ya venía marcado por el escándalo. La vista se había aplazado el lunes por la falta de un expediente clave, un documento que debía haber entregado el Consell de Formentera y que, según fuentes judiciales, podría haber sido decisivo para esclarecer las irregularidades denunciadas en el proceso de selección. El retraso generó malestar en la Sala y puso al Consell bajo la lupa, como explicó La Voz de Ibiza.
El expediente, que aún no se ha aportado en su totalidad, es una de las piezas clave de este juicio.
Resoluciones sin justificación y criterios ignorados
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Ferrer y Tur habrían intervenido de forma arbitraria en un proceso público con el objetivo de favorecer a personas concretas. Se les acusa de dictar resoluciones sin justificación legal, omitir pasos esenciales del procedimiento y sortear los criterios de selección establecidos por el propio Consell y publicados en el BOIB.
“Se vulneraron los principios de mérito, igualdad y capacidad”, señala el ministerio público, que descarta la responsabilidad de otros excargos como Sonia Cardona e Isidor Torres, entonces vicepresidenta y gerente, respectivamente. Torres fue interrogado este martes y defendió la legalidad del proceso.
El intento de frenar el juicio que no prosperó
Durante el trámite de cuestiones previas, las defensas de Ferrer y Tur plantearon una solicitud de nulidad de todas las actuaciones posteriores a diciembre de 2017. Argumentaron que se habían incumplido los plazos procesales. Sin embargo, la Sala desestimó la petición tras deliberar y avaló la validez de la instrucción judicial.
Una causa con resonancia política en Formentera
El caso ha reavivado las críticas sobre la opacidad en los procesos de contratación pública del Consell durante la era Ferrer. También ha sacado a la luz las carencias en la conservación documental de la institución, como ya denunció este medio en febrero.
Desde el actual equipo de gobierno, hasta ahora, no se ha ofrecido una versión oficial sobre la desaparición del expediente en papel ni sobre los mecanismos internos que permitieron esa omisión.
¿Qué viene ahora?
El juicio seguirá esta semana con más testigos, entre ellos funcionarios del Consell y aspirantes al cuerpo de bomberos que no fueron seleccionados pese a cumplir los requisitos.
La sentencia podría marcar un precedente en el control judicial de los procesos selectivos en las instituciones insulares.
