En un escenario rodeado de incógnitas, el Govern balear prevé dar luz verde este viernes, en el Consell de Govern, al Rreglamento que regulará el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en la Comunidad Autónoma, una norma concebida como el principal instrumento para frenar la avalancha de solicitudes de licencias en las islas.
Actualmente, la administración tramita peticiones que superan las 10.000 autorizaciones –6.500 corresponden a Ibiza–, permisos necesarios para que plataformas como Uber, Bolt o Cabify puedan operar en el archipiélago.
La premura de la Conselleria de Movilidad se debe a que este domingo expira la moratoria sobre nuevas licencias. Esta suspensión fue aprobada por unanimidad mediante ley con el objetivo de contener la concesión de autorizaciones hasta contar con un marco reglamentario definitivo.
En respuesta a preguntas del PSIB en el Parlament, el conseller José Luis Mateo reiteró que el territorio no puede absorber ese volumen de VTC y afirmó que el decreto se encuentra en «fase final de tramitación».
Sin embargo, en el sector del taxi sobrevuela una pregunta sin respuesta: cuál será el mecanismo concreto que empleará el Ejecutivo para evitar un desembarco masivo de estos vehículos en Baleares, principal incógnita jurídica tras varias resoluciones judiciales que han anulado limitaciones como la ratio de un VTC por cada treinta taxis.
El último borrador difundido por el Govern —el sexto hasta la fecha— incluía un sistema de control basado en una fórmula matemática vinculada al Indicador de Presión Humana y otros parámetros, una propuesta que el sector del taxi considera poco clara. El texto también incorporaba criterios relativos a la calidad del aire y a la congestión del tráfico.
Por ahora se desconoce si el documento sufrirá modificaciones relevantes. El conseller aseguró que la versión definitiva tendrá en cuenta «todas las consideraciones del Consell Consultiu».
Precisamente, este órgano cuestionó uno de los artículos clave, al advertir que la fijación de cupos o ratios puede contradecir la jurisprudencia vigente y presentar serias dificultades de aplicación práctica.
¿Quién otorga las autorizaciones de las VTC?
El Artículo 45 del Reglamento establece el “régimen jurídico de las autorizaciones” de las autorizaciones urbanas. Sin embargo, no detalla quien debe dar tales autorizaciones.
Entre los puntos destacados, plantea que “pueden ser personas titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de esta actividad” y que “cada autorización se refiere a un vehículo concreto, identificado por la matrícula, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles”.
Además, la pérdida o la retirada de la autorización urbana “da lugar a la cancelación automática de la autorización interurbana obtenida en virtud de esta”.
Los ayuntamientos deberán comunicar a los consells insulares “la pérdida o la retirada de las autorizaciones urbanas, así como cualquier otra circunstancia que las afecte, en el momento en que se produzca, a fin de que se les dé la tramitación oportuna en relación con las autorizaciones interurbanas obtenidas en virtud de estas”.
En tanto, cada municipio deberá disponer de un “Registro de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor concedidas, en el que se irán anotando las incidencias relativas a su titularidad, los vehículos afectos a estas, las infracciones cometidas y las sanciones impuestas, y cuantos datos resulten pertinentes para su adecuado control”.
Sin embargo, desde el Consell Consultiu han cuestionado que en ese artículo 45 “debe determinarse en el decreto cómo se va a llevar a efecto por la dificultad que conllevará la aplicación”.
Además, en su dictamen reiteran que “es en la norma que desarrolla la ley donde deben regularse y detallarse tales aspectos”.
La respuesta del Ayuntamiento
Ante la tramitación para una autorización urbana presentada el 27 de noviembre pasado, desde el Ayuntamiento de Ibiza han respondido que “estas autorizaciones no se emiten desde el Ayuntamiento de Ibiza, sino desde la sede electrónica del Ministerio de Transportes”.
Las críticas de las VTC
A los cuestionamientos por parte del taxi, también se ha sumado la patronal del sector del arrendamiento de vehículos con conductor Unauto al rechazo del reglamento.
A través de un comunicado, ha expresado su preocupación ante el contenido del Proyecto de Decreto que regula conjuntamente los servicios de taxi y VTC por “carencias jurídicas relevantes y observaciones esenciales”.
Entre las principales objeciones, Unauto critica el concepto de Servicio Económico de Interés General (SEIG) como fórmula para amparar al taxi y limitar el mercado de VTC. En tal sentido, recuerda que cualquier restricción debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El informe incide asimismo en la doctrina consolidada tanto del Tribunal Supremo como del TJUE, según la cual las limitaciones a la actividad económica únicamente pueden justificarse por razones imperiosas de interés general y siempre bajo el respeto estricto del principio de proporcionalidad.
En este escenario, el sector ha denunciado que se están imponiendo sanciones a vehículos VTC al amparo de regulaciones que consideran contrarias a la libertad de empresa y a la libertad de establecimiento, normas que ya han sido recurridas ante los tribunales por parte de las compañías afectadas.
«No sería la primera vez que la justicia corrige este tipo de excesos regulatorios», ha advertido Unauto, que recuerda precedentes como la anulación de la ratio 1:30, la revocación de distintas restricciones autonómicas por parte de los Tribunales Superiores de Justicia y, más recientemente, la invalidación del tiempo mínimo de precontratación por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Unauto sostiene además que requisitos como la doble licencia o la exigencia de licencia urbana acabarán siendo objeto de revisión judicial y advierte de que las administraciones podrían enfrentarse a responsabilidades patrimoniales, con la devolución de las sanciones impuestas si finalmente se declara su ilegalidad.
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