El Gobierno de España ha formalizado este lunes un nuevo avance en su política laboral con la firma del acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras una negociación marcada por el consenso entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT (y ante la ausencia de la patronal en el pacto), la renta mínima experimenta un repunte del 3,1% para el presente ejercicio.
Esta decisión sitúa el sueldo base en 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone una inyección de 37 euros brutos adicionales cada mes. La medida, que recibirá luz verde en el próximo Consejo de Ministros, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
¿A quiénes beneficia este incremento?
Según las estimaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la medida favorece a 2,5 millones de trabajadores, con una incidencia especial en las mujeres y el sector joven de la población activa.
Desde el ámbito sindical, se defiende que estas actualizaciones constantes no solo refuerzan el bienestar, sino que sirven de motor para elevar el resto de los salarios a través de los convenios colectivos.
El efecto rebote: más facilidades para el subsidio de mayores de 52 años
Uno de los puntos más relevantes de esta actualización es su impacto indirecto en el sistema de protección por desempleo. Aunque la cuantía del subsidio para mayores de 52 años se mantiene congelada en 480 euros mensuales (el 80% del IPREM), el aumento del SMI modifica el umbral de rentas para acceder a él.
Al estar vinculado al salario mínimo, el límite de ingresos permitidos para no perder la ayuda sube hasta los 915,75 euros mensuales (el 75% del nuevo SMI). Este ajuste facilita que más personas en situación de vulnerabilidad puedan solicitar la prestación sin quedar excluidas por superar los topes de ingresos previos.
Requisitos y condiciones en 2026
El acceso a esta ayuda mantiene exigencias precisas que todo solicitante debe conocer:
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Cotización: es necesario acreditar al menos seis años de aportaciones por desempleo a lo largo de la vida laboral.
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Edad y jubilación: se deben tener 52 años cumplidos y cumplir todos los requisitos para la jubilación ordinaria, a excepción de la edad.
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Compromiso de actividad: el beneficiario debe figurar como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad con los servicios públicos.
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Declaración de rentas: es obligatorio presentar cada 12 meses una declaración anual de ingresos. El incumplimiento de este trámite o superar el tope de rentas conlleva la suspensión inmediata de la ayuda.
Un aspecto positivo para el futuro pensionista es que el SEPE mantiene la cotización por jubilación sobre una base del 125% de la mínima (1.726,50 euros en 2026), lo que garantiza que el trabajador no vea mermada su futura pensión durante esta etapa.
