En 2026, los pensionistas en España verán incrementos importantes en sus prestaciones, fruto de ajustes vinculados al índice de precios al consumo (IPC) y a nuevas reformas del sistema de pensiones.
Las previsiones apuntan a subidas para distintos tipos de pensión (contributivas, mínimas, de viudedad, incapacidad permanente), así como a un gasto público adicional relevante.
En esta nota desglosamos cuánto podría cobrar cada tipo de pensión, qué cambios estructurales llegarán al sistema y qué retos enfrenta España para garantizar pensiones dignas y sostenibles.
¿Qué índice guía el aumento de las pensiones en 2026?
El aumento previsto para 2026 se calculará con base en el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, siguiendo la fórmula establecida por la ley de 2021.
Con los datos actuales, la inflación interanual se sitúa cerca del 2,6 %, aunque podría subir al 2,7 % si los precios continúan al alza en los últimos meses del año.
Además, las pensiones mínimas y no contributivas podrían experimentar una subida algo superior, dentro del compromiso del Gobierno de acercarlas al umbral de pobreza europeo.
Cuánto cobrarán los pensionistas según su tipo de prestación
La pensión contributiva media pasará de unos 1.506 € actuales a cerca de 1.544 € mensuales. La de jubilación ordinaria seguirá una tendencia similar, mientras que la pensión máxima se situará alrededor de los 3.355 €, frente a los 3.267 € de 2025.
En el caso de la viudedad, los beneficiarios recibirán unos 958 € de media, consolidando una leve pero sostenida mejora en su poder adquisitivo.
También habrá incrementos en las prestaciones por incapacidad permanente, que pasarán de 1.209 € a unos 1.239 € mensuales. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo ascenderán a unos 1.158 €, frente a los 1.127 € actuales.
En general, las subidas mantienen la línea de los últimos años, centrada en garantizar estabilidad económica para los mayores sin comprometer el equilibrio presupuestario del sistema.
Reformas estructurales que acompañan los ajustes
En 2026 entrará en vigor el nuevo método dual de cálculo de la base reguladora, una de las reformas más importantes de los últimos años. Este sistema permitirá que cada trabajador acceda automáticamente a la fórmula más favorable para determinar su pensión, evitando perjuicios derivados de lagunas de cotización o trayectorias laborales discontinuas.
Asimismo, la edad legal de jubilación seguirá incrementándose de manera progresiva: en 2026, será de 66 años y diez meses para quienes no alcancen los 38 años y tres meses de cotización, mientras que quienes superen ese umbral podrán jubilarse a los 65. Estas modificaciones buscan adaptar el sistema al aumento de la esperanza de vida y a los nuevos equilibrios demográficos que presionan las finanzas públicas.
Impacto presupuestario y sostenibilidad del sistema
La revalorización de las pensiones supondrá un gasto adicional superior a los 6.000 millones de euros para el Estado. Aunque el Gobierno confía en compensarlo con una mayor recaudación y un mercado laboral sólido, los expertos advierten que el sistema necesitará ajustes futuros para mantener su sostenibilidad.
