El funcionamiento del mercado laboral español vuelve a situarse bajo la lupa de los organismos internacionales: en su último informe sobre la economía del país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analiza el papel de las prestaciones por desempleo y advierte de posibles efectos indeseados en determinados colectivos, especialmente entre los trabajadores de más edad.
El estudio plantea que algunas ayudas, lejos de facilitar el retorno al empleo, podrían estar generando dinámicas que desincentivan la reincorporación laboral. En ese contexto, el subsidio destinado a personas mayores de 52 años ocupa un lugar central en el debate.
Un subsidio con características singulares
La OCDE subraya que la ayuda para desempleados mayores de 52 años presenta rasgos que la diferencian claramente de otras prestaciones existentes en España. A diferencia de los subsidios convencionales, este no tiene una duración máxima definida y puede mantenerse hasta que el beneficiario alcance la edad legal de jubilación.
Además, el acceso a la prestación se evalúa de forma individual, sin tener en cuenta los ingresos del conjunto del hogar, y con una cotización a la Seguridad Social superior a la base mínima. Este último punto permite a los perceptores mejorar su futura pensión, incluso mientras permanecen fuera del mercado laboral.
Según el organismo, este diseño convierte al subsidio en una alternativa económicamente atractiva frente a empleos de baja o media remuneración, especialmente en la recta final de la vida laboral.
El peso creciente de los desempleados sénior
Otro de los datos que destaca el informe es la evolución del perfil de quienes reciben ayudas por desempleo. Actualmente, más de siete de cada diez perceptores tienen 50 años o más, una proporción que ha aumentado de forma notable en la última década.
Para la OCDE, esta tendencia refleja que las prestaciones asistenciales se han consolidado como una salida estable para muchos desempleados de edad avanzada, en lugar de actuar como un puente temporal hacia un nuevo empleo. Este cambio estructural, advierte el organismo, tiene implicaciones directas sobre la participación laboral y el equilibrio del sistema.
Por qué puede frenar la vuelta al trabajo
El análisis apunta a un elemento clave: la comparación entre ingresos. En determinados casos, la combinación de subsidio y cotización puede resultar más ventajosa que aceptar un empleo con salario ajustado, lo que reduce el atractivo de reincorporarse al mercado laboral.
Esta situación, según la OCDE, puede derivar en una menor oferta de trabajadores disponibles, limitar la movilidad laboral de personas con experiencia y generar tensiones adicionales sobre el sistema de pensiones a largo plazo.
El informe no cuestiona la necesidad de protección social, pero sí plantea que el actual equilibrio entre ayuda y empleo puede estar desalineado con los objetivos de activación laboral.
Las reformas que propone la OCDE
Ante este escenario, el organismo internacional sugiere revisar el diseño del subsidio para mayores de 52 años. Entre las líneas de actuación que propone figuran limitar la acumulación de cotizaciones durante la fase asistencial, introducir controles de ingresos a nivel familiar y acotar la duración de la ayuda.
También recomienda reforzar los requisitos de búsqueda activa de empleo, de forma que la prestación funcione como un apoyo temporal y no como una alternativa prolongada al trabajo remunerado.
El objetivo, señala la OCDE, es garantizar un sistema más coherente entre edades y reforzar los incentivos para aceptar un empleo cuando exista una oportunidad real.
Un debate con impacto económico y social
Más allá de las cifras, la discusión sobre el subsidio a mayores de 52 años se enmarca en un reto de mayor alcance: el envejecimiento de la población y la necesidad de sostener la actividad económica con una fuerza laboral cada vez más reducida.
La OCDE considera que facilitar la permanencia y el retorno de trabajadores sénior al mercado laboral es clave para mejorar la productividad y reducir la dependencia de las prestaciones asistenciales. Para ello, insiste en que las políticas públicas deben equilibrar protección social y estímulos efectivos al empleo.
El informe abre así un debate de fondo sobre cómo adaptar el sistema de ayudas a un contexto demográfico y laboral cada vez más exigente, en el que la experiencia y el talento de los trabajadores mayores pueden jugar un papel decisivo a la hora de insertarse en el mercado o quedarse a un lado.
