CASO KOLDO

Supremo ordena a Ábalos y Koldo abonar 60.000 euros de fianza en el caso mascarillas

El tribunal advierte que embargará bienes si no pagan la suma en cinco días. La Fiscalía pide hasta 24 años de cárcel.

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García, en las puertas del Tribunal Supremo, en Madrid (España)

El Supremo ha dado un plazo de cinco días al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para que depositen una fianza de 60.000 euros cada uno en el marco del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La decisión del alto tribunal, comunicada este lunes, incluye una advertencia clara: si no se efectúa el pago en ese plazo, se embargarán bienes de su propiedad para cubrir la suma exigida.

La notificación fue entregada en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ambos se encuentran en prisión preventiva desde el 27 de noviembre. El auto de apertura de juicio oral ya ha sido comunicado, junto con las solicitudes de pena tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones populares.

La Fiscalía solicita hasta 24 años de cárcel

Según el escrito de la Fiscalía, se solicita una pena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman penas aún más severas: 30 años para el exministro y su asesor, y la misma condena que la Fiscalía para Aldama.

En total, los tres se sentarán próximamente en el banquillo acusados de participar en una red de adjudicación irregular de contratos públicos de adquisición de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia. El juicio podría celebrarse en los próximos meses.

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Defensa: niegan los cargos

Tanto Ábalos como García han defendido su inocencia en sus respectivos escritos de defensa. Ambos sostienen que no participaron en ningún tipo de trama delictiva relacionada con la compra de mascarillas y aseguran que no cometieron ningún delito durante su paso por el Ministerio de Transportes.

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