Otra vez el desalojo extrajudicial de un inmueble a través de la presión de una empresa vuelve a ser noticia en Ibiza. En este caso, se trata de una actuación de Demolition Okupa en un apartamento de 40 metros cuadrados en la isla. Personal de la propia compañía ha relatado en un video que se trata de un desalojo que ocurre luego de meses de advertencias a la okupa. Y, a raíz de lo cual, la persona desalojada deberá afrontar una multa.
“La tía se llamaba Venus. Si me estás viendo, seguro que me estás viendo, cuando vine hace unos meses, te dimos la oportunidad de salir limpia y ahora te has metido en un hoyo que te cagas”, dice la persona de la empresa al presentar el video. “Te vas con una deuda de 15.000 euros y que sepas que el cliente te la va a reclamar por no haber salido. ¿Y sabes lo que eso tiene? Que no prescribe”, amenaza.
También le aclara a la persona desalojada que “en el momento que te das de alta en el sistema de seguridad social, se empieza a embargar”.
Luego, antes de mostrar por dentro el apartamento desalojado, sigue con sus críticas a la okupa: “Tienes poca cabeza y mira que te lo dije en su día. Pero bueno, tú decides, acción causa realidad y efecto, que es lo que te va a pasar. La justicia llega tarde en España, va muy lento, pero cuando llega no te escapas”.
Luego muestra el apartamento. “Es muy chiquitillo, son 40 metros”, describe. No trascendió la ubicación del inmueble.
Después, el video cierra con otra amenaza: “Son casi 14 o 15.000 euros y te la vamos a reclamar. Le hemos puesto el bufé de abogados a su cargo. Vete dando vaselina porque te vas a cocer”.
El auge de las empresas de desalojos en Ibiza: solución rápida o controversia legal
En los últimos años, Ibiza ha visto un aumento en la presencia de empresas privadas dedicadas al desalojo de viviendas ocupadas, un fenómeno que ha generado un intenso debate. Mientras algunos propietarios recurren a estos servicios ante la lentitud de los procesos judiciales, críticos advierten sobre posibles vulneraciones de derechos y métodos coercitivos que rozan los límites de la legalidad.
La polémica ha alcanzado el ámbito político, especialmente en Sant Antoni, donde el uso de estos servicios fue objeto de discusión en el último pleno municipal. El debate enfrentó a quienes defienden la colaboración con estas empresas como una medida contra la okupación, y a quienes denuncian prácticas abusivas y fuera del marco legal. La controversia se intensificó tras la difusión de imágenes que vinculan a la Policía Local con una de estas compañías, avivando las críticas de la oposición.
