El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa su momento más tenso desde la renovación del órgano. Los nueve vocales del sector progresista difundieron un comunicado en el que denuncian una “ruptura del mandato del consenso” y acusan a la presidenta, Isabel Perelló, de promover una “exclusión” del bloque progresista en el funcionamiento interno del Consejo.
Según sostienen, Perelló habría ignorado a casi la mitad del Pleno, el 45 % de sus miembros, al respaldar decisiones que consolidan el dominio del sector conservador.
El origen del conflicto: la renovación de las comisiones
La denuncia llega justo después de que el bloque conservador y el vocal Carlos Hugo Preciado lograran aprobar su propuesta para renovar las comisiones internas del Consejo, incluida la Comisión Permanente, una de las más influyentes en la toma de decisiones. La votación, apoyada por Perelló, inclinó el equilibrio de poder a favor del sector conservador.
Hasta ahora, el CGPJ funcionaba bajo un acuerdo interno que establecía un reparto equilibrado de las comisiones: cuando un bloque obtenía la mayoría en una, la presidencia debía recaer en el otro.
Este modelo, alcanzado al inicio del mandato, había permitido un clima de trabajo inusualmente estable, con más de 160 nombramientos judiciales realizados en el primer año y una cooperación institucional valorada como inédita.
Los progresistas denuncian la “ruptura del equilibrio”
En su comunicado, los vocales progresistas afirman que el modelo anterior se basaba en la cooperación, la paridad y la corresponsabilidad, principios que ahora consideran vulnerados.
Aseguran que la nueva composición de las comisiones rompe las “reglas pactadas de representación y territorialidad” que habían garantizado un funcionamiento equilibrado del Consejo.
Según fuentes del bloque, el Pleno de esta semana se celebró sin un acuerdo previo y con una “lista impuesta” por la mayoría conservadora.
Un nuevo escenario del Consejo
La crisis llega en un momento delicado para la judicatura española, en plena discusión sobre la renovación de cargos clave y con el debate político aún latente sobre la reforma del propio Consejo. La pérdida de consenso interno amenaza con reabrir viejas tensiones entre ambos bloques, justo cuando el órgano buscaba consolidar su imagen de estabilidad.
Por ahora, la presidenta Isabel Perelló no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras los vocales progresistas reclaman que se restaure el equilibrio interno y se respete el principio de consenso que, según afirman, había guiado el funcionamiento del CGPJ durante su primer año de mandato.
