La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Consejo de Ministros ha provocado un fuerte cruce de reacciones políticas y sociales en Baleares. Según estimaciones de la Delegación del Gobierno, más de 10.800 inmigrantes se encuentran actualmente a la espera de poder regularizar su situación en el archipiélago, una cifra que podría ampliarse tras la reforma impulsada por el Ejecutivo central.
La medida rebaja el requisito mínimo de estancia en España y lo sitúa en cinco meses, frente a los dos años que se exigían anteriormente en determinados supuestos. Las personas que quieran acogerse deberán acreditar esa residencia mínima antes de diciembre de 2025.
El proceso se enmarca en una iniciativa legislativa popular que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas recogidas entre la población.
El delegado del Gobierno niega el “efecto llamada”
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha explicado que, por el momento, los 10.800 casos corresponden a expedientes abiertos en Extranjería vinculados al arraigo sociolaboral, que hasta ahora requería dos años de residencia.
Rodríguez ha respondido a las críticas del Govern balear, que ya ha rechazado la regularización calificándola de “masiva e indiscriminada”. Frente a estas acusaciones, el delegado ha recordado que se trata de personas que ya viven en las islas y ha negado que vaya a producirse un efecto llamada, insistiendo en que existen requisitos concretos para acceder al proceso.
El Govern rechaza la medida: “Tener papeles no significa integrarse”
El Govern balear ha reiterado su oposición frontal a la regularización. El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha criticado que la decisión se haya tomado de forma unilateral, sin coordinación con las comunidades autónomas.
Pavón ha advertido de que otorgar permisos de residencia no garantiza la integración y ha denunciado que serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes deban asumir el coste y la sobrecarga sobre los servicios públicos.
Además, ha señalado que en los últimos cinco años han llegado a Baleares alrededor de 20.000 personas de forma irregular por vía marítima, y ha calificado la medida de improvisada, lamentando que pueda beneficiar a quienes no han cumplido requisitos previos frente a quienes sí han seguido el proceso legal.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alertado del límite de capacidad del archipiélago, especialmente en vivienda, sanidad y educación, y ha defendido que la inmigración debe ser “legal, ordenada y sostenible”.
El PSOE defiende derechos frente a la economía sumergida
Frente a la posición del Govern, el PSIB-PSOE ha defendido la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes en toda España. La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado a Prohens si prefiere que estas personas continúen sin derechos, explotadas laboralmente o atrapadas en la economía sumergida.
Costa ha negado el efecto llamada y ha acusado al Partido Popular de endurecer su discurso por competir con Vox.
Vox rechaza la regularización
Aunque Vox Baleares no ha emitido un posicionamiento específico, la dirección nacional del partido se ha mostrado radicalmente contraria a la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En Baleares, el presidente del Parlament y líder autonómico de Vox, Gabriel Le Senne, criticó la iniciativa públicamente en la red social X, en línea con la postura del partido a nivel estatal.
Més per Mallorca la considera “justa e imprescindible”
Més per Mallorca ha respaldado la regularización como una medida “necesaria, justa e imprescindible”. La formación sostiene que ninguna persona es ilegal.
El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha señalado que la regularización normaliza una realidad ya existente y contribuye a combatir la explotación y la precariedad, recordando que la irregularidad alimenta la economía sumergida.
Podemos acusa al Govern de “racismo”
Podemos, uno de los principales impulsores de la reforma tras meses de negociación con PSOE y Sumar, ha elevado el tono contra el Ejecutivo balear.
Su coordinadora autonómica, Lucía Muñoz, ha acusado a Prohens de mantener un discurso excluyente y ha afirmado que Baleares no atraviesa una crisis migratoria, sino una crisis de vivienda y de modelo económico.
Muñoz ha defendido que muchas de las personas migrantes llevan años viviendo y trabajando en las islas, contribuyendo a la economía, y ha subrayado que la regularización reduce la economía sumergida, permite denunciar abusos y disminuye la dependencia de mafias.
Coalición por Mallorca alerta de un “colapso social”
Coalición por Mallorca también ha rechazado la regularización. Su portavoz, Joan Serra, ha advertido de que la medida es improvisada e injusta y que podría agravar la crisis de vivienda y la saturación de los servicios públicos.
“La humanidad no puede confundirse con improvisación”, ha señalado la formación.
La Iglesia respalda el proceso como un acto de justicia social
En el ámbito social, la Conferencia Episcopal Española ha aplaudido el inicio del proceso. El obispo Fernando García Cariñanos ha celebrado esta regularización extraordinaria, que a su juicio aporta luz y esperanza a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Para la Iglesia, se trata de un acto de justicia social que debe facilitar una integración real en la sociedad.
