El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo en Baleares que permitirá la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2025. Más allá de lo económico, el pacto incluye compromisos de calado en materia lingüística, migratoria y social, tres de los ejes ideológicos prioritarios para Vox desde el inicio de la legislatura.
La presidenta Marga Prohens, que gobierna en minoría, ha defendido el pacto como una vía de estabilidad, mientras que la oposición lo considera una claudicación política que compromete el autogobierno.
Rebaja de requisitos lingüísticos en sanidad y educación
En el ámbito lingüístico, el acuerdo introduce modificaciones que flexibilizan el uso del catalán en la administración y la educación pública. Se permitirá el acceso a determinadas plazas de difícil cobertura sin necesidad de acreditar conocimientos de catalán en el momento de la contratación. Se mantiene la obligación de aprenderlo posteriormente, aunque sin plazos precisos establecidos.
En el sector educativo, se promueve un plan piloto voluntario para elegir lengua de enseñanza en determinadas etapas y centros. También se exime de evaluación en catalán a los alumnos recién llegados o a aquellos procedentes de otras comunidades, y se amplían las adaptaciones para familias desplazadas temporalmente. Además, el acuerdo recoge la voluntad de garantizar que el uso del catalán no penalice en los procesos de acceso a empleo público.
Cambios en la administración: libre elección de lengua y bolsas sin catalán obligatorio
El documento incluye un apartado específico sobre bilingüismo en la administración. Se garantizará que todos los formularios y trámites estén disponibles en las dos lenguas oficiales, y que cualquier ciudadano pueda elegir la lengua de atención. También se prevé que el personal de las bolsas públicas de trabajo no esté obligado a acreditar el conocimiento del catalán en determinadas categorías o escalas, especialmente en sectores tensionados.
Estas medidas, según el documento, se aplicarán con respeto al marco legal vigente y al Estatuto de Autonomía, aunque algunas organizaciones como la Obra Cultural Balear consideran que constituyen un retroceso en la normalización lingüística.
Política migratoria: veto a la redistribución de menores y endurecimiento de ayudas
En materia de inmigración, el acuerdo incorpora medidas que endurecen el acceso de extranjeros a los recursos públicos. Se establece que Baleares no acogerá menores extranjeros no acompañados procedentes de otras comunidades, ni financiará nuevos centros de acogida. Además, se endurecen los requisitos para acceder a ayudas sociales: se exigirá una residencia legal mínima de tres años para optar a la renta social y cinco para ayudas al alquiler.
El documento también recoge la supresión de subvenciones a organizaciones o entidades que promuevan la integración sin controlar, según el texto, los resultados obtenidos. Se reforzarán los procedimientos de detección de fraude y se propone la implantación de controles biométricos. Asimismo, se recoge la voluntad de agilizar la expulsión de personas en situación irregular que cometan delitos graves, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Sin mención explícita a memoria democrática, pero con voluntad de contención ideológica
El documento firmado no incluye ninguna referencia expresa a la Ley de Memoria Democrática de Baleares ni al término “memoria histórica”. Sin embargo, fuentes parlamentarias y declaraciones de representantes de Vox han asegurado públicamente que la derogación de esta ley formaba parte de sus condiciones políticas para apoyar las cuentas.
Sí se menciona de forma indirecta, en el apartado presupuestario, la voluntad de “evitar gastos con fines ideológicos” y eliminar duplicidades institucionales, lo que puede interpretarse como una contención del gasto vinculado a políticas memorialistas.
Otros puntos: ocupación, vivienda y rechazo al Pacto Verde
El acuerdo también introduce otras medidas significativas. Se anuncia la creación de una Oficina Antiocupación, se limitará el acceso a ayudas a quienes mantengan situaciones ilegales de ocupación, y se prevé la imposición de sanciones a quienes perciban ayudas sociales sin acreditar que reúnen los requisitos. En materia de vivienda, se establece un nuevo requisito de empadronamiento mínimo de dos años para acceder a ayudas.
En el terreno agrario, se incluye una dotación presupuestaria para un fondo de maniobra, se rechazan expresamente las políticas del Pacto Verde europeo y se promoverá el producto local como parte de una estrategia de soberanía alimentaria.
Un presupuesto de 7.390 millones con el apoyo decisivo de Vox
El acuerdo permite al Govern aprobar unos presupuestos que ascienden a 7.390 millones de euros, un 7,2 % más que el ejercicio anterior.
Con 25 diputados, el PP necesita el apoyo de Vox, que cuenta con ocho escaños. Aunque Vox no entra en el Ejecutivo ni gestiona consellerias, su respaldo ha sido clave para desbloquear las cuentas y ha introducido en el documento elementos programáticos de peso.
Críticas de la oposición y reivindicación de Vox
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. El PSIB-PSOE acusa a Prohens de entregar la dirección política del Govern a la extrema derecha. MÉS per Mallorca considera que el pacto vulnera el marco normativo y el espíritu del Estatut, y advierte de posibles recursos legales si se materializan algunas medidas.
Vox, por su parte, ha celebrado el acuerdo como un éxito político. Su portavoz parlamentario, Sergio Cañadas, ha asegurado que Baleares se convierte en un “modelo de firmeza” frente a lo que consideran concesiones ideológicas de gobiernos anteriores. En Génova, sin embargo, el PP nacional evita hacer valoraciones públicas sobre pactos autonómicos con Vox.
Antecedentes del desencuentro y consecuencias políticas
El pacto se suma al acuerdo de investidura alcanzado en julio de 2023. En aquel momento, Vox facilitó la presidencia de Prohens con un acuerdo de mínimos, pero rompió negociaciones para entrar en el Govern.
Desde entonces, la relación ha sido tensa. El actual pacto recompone la alianza y otorga a Vox un papel determinante en la agenda del Ejecutivo, aunque sin presencia institucional directa.
Baleares se convierte así en la tercera comunidad autónoma, junto con Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde la aprobación de los presupuestos depende del entendimiento entre PP y Vox.
A diferencia de estas dos regiones, en las islas no hay cogobierno formal, pero el resultado político es similar: la agenda ideológica de Vox entra por la vía parlamentaria en las decisiones clave del Ejecutivo autonómico.
Con esta operación, Marga Prohens garantiza estabilidad financiera para el segundo año de legislatura. Pero lo hace a cambio de cesiones en áreas sensibles, como la lengua, la política migratoria y el modelo educativo.
La pregunta es si el precio pagado por esa estabilidad será sostenible a medio plazo en un territorio donde el autogobierno, la lengua propia y la cohesión social son parte esencial de su identidad institucional.
