La trama de corrupción denunciada por Mare Nostrum que sacude al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y a la Inspección de Trabajo de Baleares se profundiza con recientes implicaciones a la parte empresarial y la ampliación de la querella contra Juan Prats Guerrero, administrador de Diconsal hasta 2023, la empresa dedicada a los servicios de diagnóstico y control de salud laboral y que figura en diversos intercambios de correos electrónicos con Daniel Company, jefe de Servicios del Ibassal.
Concretamente, a Prats se le achaca «no solamente por su participación en el contubernio habido con Daniel Company Oliver en la tramitación del expediente administrativo mencionado, sino adicionalmente por el precio fijado de 10.000 euros por la consecución del objetivo pergeñado», es decir haber pagado para asegurar la denegación de la acreditación de Mare Nostrum y así eliminar a su competidor directo.
Cabe recordar que el juez de Instrucción nº 8, Antoni Rotger Cifre, ha reabierto la causa pero aún no ha citado ni notificado formalmente a los investigados formalmente en las diligencias previas nº 549-2021, que investigan la presunta trama de corrupción en la que están implicados varios funcionarios del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) y de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, con nombres sobresalientes como el de Iago Negueruela, mano derecha de Francina Armengol.
En este caso, Juan Prats Guerrero ha sido querellado por haber «participado» activamente en una trama corrupta junto a jefe de Servicios del Instituto Balear de Salud, quien está acusado de manipulación de documentos, abuso de poder y sobornos. Los documentos presentados, basados en correos electrónicos entregados ante el Juzgado de Instrucción nº8 de Palma de Mallorca, intentan revelar puntualmente la connivencia explícita entre Prats y Daniel Company Oliver, jefe de servicio del IBASSAL, destinada a perjudicar a la empresa ibicenca.
Además, Diconsal, ha sido acusada de presentar documentación en el expediente administrativo donde se tramitaba la solicitud de Mare Nostrum «aun cuando no era parte en el mismo y, a pesar de ello, fue solícitamente aceptado por el mencionado Daniel Company; así como también «se hace mención a captación de empresas gestionadas por el representante de la querellante y la contratación espuria de médico del trabajo».
El Plan denunciado y los correos electrónicos como prueba
En los documentos presentados se puede observar la mención e inclusión de SEPREAT S.L., algo relevante para la trama ya que el fundador de Mare Nostrum trabajaba para aquella empresa, gestionando clientes en Ibiza a través de «Prevención y Proyectos Cesaraugusta S.L.». Sin embargo, al intentar abrirse camino con su propio emprendimiento, y durante la solicitud presentada como Mare Nostrum, es que transcurrió toda la trama denunciada: la denegación de la acreditación como servicio de prevención ajeno (que después conseguiría en Aragón el 9 de noviembre de 2020) y además un plan para transferir los clientes de SEPREAT a DICONSAL.
Incluso los correos electrónicos de 2020 exponen que Daniel Company Oliver requirió despedir a «Nacho y José María» -empleados de SEPREAT y el primero fundador de Mare Nostrum- para que DICONSAL pudiera absorber sus clientes, consolidando su posición en el mercado y excluyendo a Mare Nostrum.
El 10 de enero de 2020, Daniel Company Oliver, jefe de servicio en el IBASSAL, informaba a Juan Prats Guerrero sobre el retraso intencionado en la tramitación del expediente de Mare Nostrum. En un correo electrónico, Company Oliver afirmaba que estaba demorando deliberadamente el proceso, evitando que avanzara y beneficiando así a DICONSAL. Esta comunicación inicial, según la denuncia, estableció las bases de un plan meticuloso para obstaculizar a Mare Nostrum.
La situación siguió el 10 de marzo de 2020, cuando Company Oliver solicitaba tanto a Prats como a la firma Sepreat, la «renuncia de la médica de trabajo (…) así lo jodemos». Entre estas estrategias se incluían coordinaciones con la Inspección de Trabajo para asegurar que cualquier inspección resultara negativa. Company Oliver se mostraba confiado en su capacidad para manipular los resultados y mantener a Mare Nostrum fuera del mercado. Ya el 22 de marzo de 2020, Company Oliver ratificó que las acciones para bloquear la acreditación de Mare Nostrum estaban en marcha, subrayando la coordinación y el compromiso entre los implicados.
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Y el 1 de junio de 2020, en otro correo electrónico, Company Oliver aseguraba a Prats que el informe de la inspección sería desfavorable para Mare Nostrum. Este mensaje refleja una cooperación sostenida para manipular los resultados de la inspección y garantizar que cualquier evaluación formal fuera en contra de Mare Nostrum. Tres días más tarde, el 4 de junio de 2020, es cuando Company Oliver indica a Prats el despido de «Nacho y José María» para que DICONSAL pudiera absorber sus clientes. Esta estrategia revela el intento de eliminar la competencia mediante el desmantelamiento de SEPREAT, facilitando que DICONSAL consolidara su posición en el mercado.
Las acciones continuaron el 8 de julio de 2020, cuando Company Oliver informó a Prats sobre la realización de comprobaciones de contratos de prevención de riesgos laborales de varias empresas. Estas acciones estaban diseñadas para asegurar el control del mercado y mantener a Mare Nostrum fuera del juego.
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Finalmente, el 15 de julio de 2020, en la mañana, Company Oliver notificó a Prats la denegación oficial de la acreditación a Mare Nostrum y coordinó con DICONSAL la comunicación a los clientes para promover sus servicios. Más tarde, en un segundo correo, Company solicitó el pago acordado de 10.000 euros y celebró la denegación de la acreditación, indicando una recompensa monetaria por sus servicios.
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Un anticipo de lo que vendría: Sepreat y Diconsal
En la querella inicial, presentada en 2021, Mare Nostrum ya había aportado un email del 24 de julio de 2020 donde Miguel Ángel Roca del Río, abogado colegiado, envió un correo electrónico dirigido a Daniel Company Oliver, funcionario del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), y a Juan Prats, administrador de la empresa DICONSAL (Diagnóstico y Control de Salud Laboral S.L.). También había peticionado que sean investigadas las direcciones de correo electrónico de los implicados, algo que no ha sucedido hasta ahora.
En su momento, Mare Nostrum argumentó que dicho correo electrónico reveló a una colusión entre funcionarios del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y la empresa DICONSAL para manipular el mercado de servicios de prevención de riesgos laborales en Ibiza. En este correo, el abogado Miguel Ángel Roca del Río dialoga con Daniel Company Oliver, funcionario del IBASSAL, y Juan Prats, administrador de DICONSAL, sobre la transferencia de clientes de SEPREAT SL a DICONSAL.
La denuncia de Mare Nostrum se centró en la colaboración estrecha y planificada entre estos actores para asegurar la transición de los clientes de SEPREAT a DICONSAL, fortaleciendo a esta última a expensas de Mare Nostrum. Además, se destacó que SEPREAT SL, al despedir a sus técnicos de prevención en Ibiza, facilitó deliberadamente esta transferencia de clientes, debilitando su posición en el mercado y beneficiando a DICONSAL de manera coordinada.
Mare Nostrum también señaló la falta de imparcialidad y el favoritismo de los funcionarios del IBASSAL, especialmente Daniel Company Oliver, quien mostró una disposición total a colaborar con DICONSAL. Esto, según Mare Nostrum, indica un claro incumplimiento de los deberes de neutralidad que se espera de un funcionario público. El compromiso de Miguel Ángel Roca del Río de mantener informado a Daniel Company sobre las diligencias penales y la investigación judicial en curso es interpretado por Mare Nostrum como una prueba de que los involucrados eran conscientes de la ilegalidad de sus acciones y estaban tratando de coordinar sus movimientos para evitar repercusiones legales.
Finalmente, la solicitud de Miguel Ángel a Juan Prats para confirmar con los clientes que SEPREAT ya no operará en Ibiza no solo asegura la transferencia de clientes a DICONSAL, sino que también busca consolidar el control de esta empresa sobre el mercado local. Mare Nostrum denunció que esto impidió una competencia justa y limita su capacidad de acceder a una mayor cuota de mercado.
Mails de aquí y de allá
La Voz de Ibiza ya dio cuenta de las pruebas que implican a Iago Negueruela en el cobro de sobornos relacionados con la mafia de Trabajo, donde documentos y correos electrónicos sugieren que Negueruela habría recibido 25,000 euros a cambio de favorecer a ciertas empresas en detrimento de otras.
Además, este medio también informó sobre los correos electrónicos entre el IBASSAL y la Inspección de Trabajo, expresando una coordinación para emitir informes desfavorables y obstruir el proceso de acreditación de Mare Nostrum. Estos correos implican a varios funcionarios en una trama de manipulación y sanciones injustas, y destacan pagos y sobornos para asegurar decisiones administrativas favorables a rivales. La denuncia por parte de Mare Nostrum subraya la colusión y corrupción dentro de estas instituciones.
Todo esto, finalmente, ha llevado a que la causa sea reabierta. El juez del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Palma ha decidido reabrir la investigación sobre los sobornos en la cúpula de Trabajo, en la que está implicado Iago Negueruela. La decisión se basa en nuevas pruebas aportadas por Mare Nostrum que sugieren la existencia de un esquema de corrupción y sobornos para manipular la tramitación de acreditaciones, favoreciendo a empresas rivales. La Guardia Civil ha sido encargada de verificar la autenticidad de los correos electrónicos involucrados.
