Hace diez años, María Venturo abandonó España con su hijo Bruno, entonces de tres años. Fue después de que la Justicia archivara en apenas 48 horas una denuncia por presuntos abusos sexuales contra el padre del menor. Según su defensa, no se activaron entonces los protocolos habituales en este tipo de casos ni se practicó una exploración forense completa al niño. Poco después se dictó una orden de búsqueda internacional por sustracción de menores, que sigue vigente.
Hoy, una década más tarde, el escenario podría cambiar. Las dos condenas por abuso sexual dictadas recientemente contra su expareja, Edgardo Milessi, han llevado a la defensa a solicitar el sobreseimiento de la causa contra María, al considerar que aquellas sentencias refuerzan la justificación de su salida del país. Y, a partir de ello, en las próximas semanas el procedimiento podría tomar un nuevo rumbo.
El abogado de María, Diego Herchhoren, explicó a La Voz de Ibiza que el escrito fue presentado a mediados de enero y ya se ha dado traslado a la acusación particular y al Ministerio Fiscal. Aunque no hay un plazo cerrado, el letrado estima que la Fiscalía podría pronunciarse antes de que termine el mes. Su dictamen será clave para que el juzgado valore si procede archivar el procedimiento y dejar sin efecto la orden de captura.
Las condenas y el Convenio de La Haya
Milessi fue condenado en el Reino Unido por dos delitos de abuso sexual contra mujeres adultas, hechos que, según la defensa, modifican sustancialmente la valoración del riesgo que existía cuando María decidió marcharse.
Herchhoren sostiene que la clave jurídica está en el artículo 13 b) del Convenio de La Haya de 1980, que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y contempla una excepción cuando el retorno del niño pueda exponerlo a un grave riesgo físico o psíquico.
“Si hoy, con el Código Penal en la mano, el señor Milessi tendría suspendida la patria potestad, resulta evidente que entregar al menor habría supuesto exponerlo a una situación de peligro”, afirmó el abogado.
La defensa recuerda que, en su momento, los síntomas que presentaba el niño —retraso en el habla, rechazo hacia el padre y signos físicos que fueron interpretados como compatibles con abuso— fueron atribuidos en sede judicial a una supuesta sobreprotección materna. Incluso se sostuvo que la dilatación anal detectada podía deberse a “conductas autoexploratorias propias de la infancia” y que la aversión del menor era fruto de manipulación.
“Las condenas cambian radicalmente la perspectiva”, sostiene Herchhoren, quien entiende que ahora existen elementos objetivos que refuerzan la tesis mantenida por María desde el inicio.
El plan B: acudir a la justicia del país donde reside
Si la Fiscalía informara en contra del sobreseimiento y el juzgado mantuviera la causa abierta, la defensa contempla una segunda vía.
La estrategia consistiría en que María se presente ante las autoridades del país donde reside actualmente y aporte las sentencias condenatorias contra Milessi para que se reconozca que su actuación estuvo justificada conforme al propio Convenio de La Haya, suscrito por la mayoría de los Estados.
Según el abogado, existen precedentes y doctrina que avalarían esa posibilidad. “Es una opción viable jurídicamente”, afirmó. En ese escenario, las autoridades extranjeras podrían permitirle regularizar su situación sin ejecutar la orden de entrega, lo que situaría a la justicia española en una posición compleja.
María: entre la ilusión y la reivindicación
Mientras espera la decisión de la Fiscalía, María continúa viviendo en la clandestinidad en el extranjero. Según su abogado, mantiene una vida “lo más normal posible” junto a su hijo, con escolarización y trabajo.
“Está ilusionada y también satisfecha porque las condenas ratifican lo que sostuvo desde el principio”, explicó Herchhoren. El letrado añadió que, según le trasladó su defendida, las sentencias le permitieron sacudirse el estigma que arrastraba desde que fue imputada y señalada como una madre manipuladora.
María no contempla regresar a España. Según su defensa, el tratamiento judicial recibido durante estos años —que califica como “digno de una película de terror”— le ha generado una profunda desconfianza hacia el sistema.
Debate ideológico en la justicia
Herchhoren atribuyó el tratamiento judicial del caso a lo que definió como “una cuestión de tipo ideológico” en el ámbito de la justicia de familia. A su juicio, “existe un machismo estructural que ha influido en las consideraciones que los jueces han tenido sobre María”, especialmente en un contexto en el que, según indicó, la mayoría de los abusos sexuales se producen en entornos de confianza y no en la calle.
La resolución que adopte la Fiscalía en las próximas semanas será determinante para el futuro procesal de María y para el eventual cierre de una causa que se prolonga desde hace más de una década. Mientras tanto, la campaña en redes sociales en apoyo a la mujer continúa activa, a la espera de novedades judiciales.
