La Federación de Servicios Públicos de UGT Illes Balears ha presentado un recurso de reposición contra la convocatoria pública del Consell Insular de Formentera para cubrir una plaza de tècnic/a de Patrimoni, al considerar que la oferta vulnera lo aprobado en los presupuestos insulares y el catálogo oficial de puestos de trabajo.
Según denuncia el sindicato, la plaza ha sido convocada como grupo A2 y de carácter laboral, cuando tanto el Presupuesto de 2025 como el Catálogo de puestos de trabajo del Consell establecen de manera expresa que corresponde a un puesto de grupo A1 y de naturaleza funcionarial. UGT sostiene que esta modificación «rebaja» la categoría de la plaza y altera sus condiciones de forma «arbitraria e injustificada».
«Perjudica a la ciudadanía y degrada el empleo público»
UGT advierte de que esta reclasificación tiene «dos consecuencias graves»: Por un lado, afecta a la calidad del servicio público, ya que, según el sindicato, «rebajar la categoría profesional del puesto implica reducir su nivel técnico y, en consecuencia, la calidad del servicio que recibe la ciudadanía». Por otro, implica un perjuicio para los trabajadores: al convocarse como A2, el salario y las condiciones laborales serían inferiores a las previstas para una plaza A1. «No solo vulnera los derechos de quienes opten al puesto, sino que sienta un precedente peligroso de degradación del empleo público», alertan.
UGT exige rectificación inmediata
El sindicato asegura que no permitirá este “retroceso” ni en derechos laborales ni en la calidad de la administración pública de Formentera. «Exigimos que la plaza se cubra tal y como corresponde: como A1 y de naturaleza funcionarial», subraya la organización, que acusa al Consell de actuar «al margen de los principios de legalidad y seguridad jurídica».
Argumenta que la ley respalda su reclamación
UGT fundamenta su recurso en el Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que en su artículo 76 determina que las plazas técnicas de responsabilidad superior deben clasificarse como grupo A1. Además, recuerda que tanto la normativa estatal como la autonómica establecen que los puestos de carácter estructural deben ser ocupados por personal funcionario, y no laboral, para garantizar los principios de mérito, capacidad y legalidad en el acceso a la función pública.
El sindicato concluye reiterando su «compromiso en defensa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía» y reclama al Consell de Formentera que rectifique de inmediato la oferta «para ajustarla a la normativa y a lo previsto en el catálogo de puestos de trabajo».
