El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que en un primer momento había autorizado al Ayuntamiento de Santa Eulária a desalojar el asentamiento Can Rova 2, ahora ha dado lugar a la reclamación de los habitantes del asentamiento chabolista y determinó la suspensión del operativo.
Desde el Ayuntamiento han confirmado a La Voz de Ibiza que «se ha decretado el cese del operativo en base auto judicial».
Así lo había pedido el abogado que representa a un grupo de habitantes que viven allí en carpas y caravanas, a pesar de los informes elaborados por servicios técnicos municipales en los que quedaba acreditado el riesgo de electrocución, incendio y explosión en esa zona.
Esta mañana, tras iniciarse el desalojo del predio, el abogado David Fechenbach, quien representa a un importante grupo de personas que se encuentran en ese asentamiento, presentó un escrito para pedir la “suspensión urgente del desalojo” ya que, según argumenta, no se realizó la correspondiente notificación.
Según sostiene, el Ayuntamiento de Santa Eulària no informó sobre esta decisión judicial, por lo que consideran que el consistorio ha actuado “de mala fe”. En tal sentido, apunta que los afectados no tuvieron derecho a la defensa al desconocer este procedimiento que se llevaba adelante en Palma.
Además, argumenta que esta medida interfiere con el proceso judicial que se viene desarrollando en los juzgados de Ibiza a partir de la reclamación por parte de los propietarios de la finca privada rústica de la parroquia de es Puig d’en Valls.
Por ese motivo, el jefe del dispositivo del desalojo de Can Rova 2 ha decretado, a las 14:24 horas, el cese del dispositivo. «La providencia de la Jueza acepta la presentación por parte del abogado solicitando un incidente de vulnerabilidad de los moradores del solar conocido como Can Rova 2», detallaron. De todas formas, adelantar que presentarán un recurso de reposición en los próximos días.
