El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha recaudado 3.007.393,08 euros durante el primer trimestre de 2025 gracias a su política activa de control urbanístico y fiscalización tributaria. Esta cifra incluye sanciones urbanísticas, deudas tributarias y embargos tramitados directamente por el consistorio a través de su departamento de Recaudación.
Entre los ingresos más destacados se encuentran dos grandes sanciones urbanísticas que, juntas, superan el millón de euros. La primera de ellas, por un total de 758.346,30 euros, fue impuesta por la ejecución sin licencia municipal de diversas obras en una vivienda situada en suelo rústico de Santa Gertrudis de Fruitera.
La infracción incluía la reforma del inmueble, ampliaciones por 115 metros cuadrados, la sustitución de cubiertas y la construcción de una piscina de 55 metros cuadrados, todo ello sin contar con el correspondiente permiso municipal.
La segunda sanción, por 245.815,72 euros, se originó a raíz de la reforma integral de un restaurante que también se realizó sin título habilitante. Las inspecciones técnicas revelaron alteraciones sustanciales respecto al proyecto autorizado, incluyendo el cambio de la cubierta y trabajos en las zonas ajardinadas.
Gestión coordinada
Estos cobros han sido posibles gracias a la gestión coordinada entre los departamentos de Recaudación e Infracciones, que han intensificado la actividad inspectora y recaudatoria. El Ayuntamiento ha optado por una gestión directa de estos procedimientos, sin intermediarios, lo que ha incrementado su eficacia y capacidad de respuesta.
A las sanciones urbanísticas se suman deudas tributarias impagadas de diversas empresas, así como otros ingresos obtenidos mediante procedimientos de embargo, reflejando un enfoque integral y contundente para hacer cumplir la normativa vigente.
Este refuerzo en la capacidad recaudatoria del consistorio ha sido potenciado mediante un convenio pionero en Baleares firmado con el Consell de Ibiza, que permite al Ayuntamiento actuar sobre deudores con residencia o bienes fuera del término municipal. Esta herramienta ha sido clave para sortear las limitaciones legales que tradicionalmente dificultaban la ejecución de órdenes de apremio cuando los bienes embargables estaban ubicados en otros municipios de la isla.
Con esta estrategia, Santa Eulària se consolida como un referente de gestión urbanística rigurosa y eficaz, enviando un mensaje claro a los infractores: en este municipio, las obras ilegales y los impagos no quedarán impunes.
