La empresa de riesgos laborales de Ibiza Mare Nostrum interpone un recurso que paraliza la obra de construcción del nuevo estadio de La Romareda de Zaragoza, un proyecto de 124 millones de euros.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha suspendido la adjudicación del contrato de Coordinación de Seguridad y Salud de casi 170.000 euros para la demolición de los tres fondos restantes y la edificación del nuevo campo. Esta decisión llega tras el recurso presentado por la empresa con sede en Ibiza, y delegaciones en Formentera, Madrid y Zaragoza y en plena expansión empresarial, que ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.
La paralización es de gran calado, ya que sin este paso previo no pueden iniciarse las obras, quedando ahora a la espera de la resolución del TACPA y, en caso de prolongarse el conflicto, de una posible judicialización en el Contencioso Administrativo.
El contrato en cuestión, denominado Coordinación de Seguridad y Salud de las obras Fase 1B de la Obra 1 y Obra 2, se adjudicó el pasado 10 de febrero por 167.363,38 euros. El beneficiario fue Jesús Villar Lafoz, quien ya había ganado procedimientos similares para fases anteriores de la remodelación del estadio.
El recurso de Mare Nostrum denuncia que Villar Lafoz carece de la titulación y acreditaciones necesarias para desempeñar el cargo. Entre las deficiencias señaladas, se apunta que el adjudicatario no presentó certificación de colegiación ni documentación que avale su experiencia en obras de gran envergadura o con materiales como el amianto, requisitos clave en el concurso.
Por ejemplo, no pudo acreditar haber intervenido en “un trabajo de cuantía mínima de 40 millones de euros o dos trabajos de 20 millones de euros”.
No cumple los requisitos
En este recurso administrativo, que obra en poder de La Voz de Ibiza, se remarca que el adjudicatario “no cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para ejercer la función de CSS (Coordinación de Seguridad y Salud) en una obra de edificación como la proyectada”.
Además, cuestiona que Jesús Villar Lafoz es ingeniero técnico, cuando la envergadura de la obra requiere que ese puesto sea ocupado por un arquitecto técnico.
Por eso, remarca que el coordinador de Seguridad y Salud “ha de conocer en su integridad el proceso edificatorio de que se trate, las técnicas constructivas referentes a cada una de las actividades de las distintas empresas intervinientes en la ejecución, así como los particulares materiales a emplear en las instalaciones por todos y cada uno de los oficios que han de intervenir en la ejecución de las obras, así como el orden de sus intervenciones, sin obviar los elementos auxiliares, sus características, especificaciones técnicas y las solicitaciones que su utilización requiera, sin olvidar los sistemas de control y su manejo. Para ello se requiere capacidad para interpretar de forma precisa y correcta todos los planos de la construcción de la edificación y, naturalmente, asimismo de las instalaciones”.
Y concluye que, teniendo en cuenta que Jesús Villar Lafoz “no tiene título académico de arquitecto técnico, no cumple con el requisito legal para actuar como coordinador de Seguridad y Salud de las obras licitadas”.
Irregularidad en la tramitación
Por otra parte, Ignacio Barrios Orrios, representante de Mare Nostrum SL, destaca una posible irregularidad en la tramitación del proceso. Es que la Mesa de Contratación solicitó a Villar Lafoz la subsanación de documentación el 3 de febrero, cerró su revisión por videoconferencia el día 7 y publicó la adjudicación el día 10. Sin embargo, el acta que reflejaba esta aprobación no se firmó hasta el 19 de febrero, diez días después de la publicación de la adjudicación.
