La okupación de una vivienda en Sant Antoni ha generado un fuerte debate en Ibiza después de que el propietario, Vicent Riera ‘Garrover’, fuera testigo directo de cómo varios desconocidos cambiaban la cerradura de su casa y tomaban posesión del inmueble en plena calle Bisbe Cardona.
El caso, publicado por Periódico de Ibiza y Formentera y Diario de Ibiza, ha desatado la indignación de vecinos y comerciantes, que presenciaron la escena sin que nadie pudiera hacer nada. La Policía Local acudió al lugar, pero no pudo desalojar a los okupas, lo que ha avivado la polémica sobre la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad y los derechos de los propietarios.
Los okupas alegaron que vivían allí desde hacía días
El conflicto comenzó cuando una vecina avisó a Riera de que su vivienda estaba siendo ocupada. Al acudir, encontró a varias personas de origen magrebí cambiando la puerta y trasladando objetos al interior.
En un primer momento, el propietario intentó negociar con ellos, proponiéndoles que abandonaran el inmueble sin necesidad de llamar a la policía. Sin embargo, tras una conversación inicial en la que los okupas aseguraron que se marcharían, cambiaron de actitud y se mostraron agresivos.
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Cuando la Policía Local llegó, los okupas mostraron un video en el que afirmaban que llevaban en la vivienda desde el 8 de marzo. Ese detalle fue clave: según la normativa actual, si han pasado varios días desde la ocupación, el inmueble se considera «morada» y solo puede ser desalojado por orden judicial.
Los agentes identificaron a los okupas y remitieron el caso a las autoridades judiciales, pero no pudieron sacarlos de la casa, lo que ha desatado críticas sobre la protección legal de los propietarios ante este tipo de situaciones.
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Uno de los puntos clave en este tipo de casos es la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación de vivienda, algo que marca la capacidad de actuación de la policía.
Hace algunos años, el inspector Borja Luengo, de la Policía Nacional en Baleares, en declaraciones al Mallorca Diario, explicó que la rápida intervención es fundamental para desalojar a los okupas sin necesidad de un proceso judicial.
Según el inspector, si una persona regresa a su casa y descubre que la han ocupado ese mismo día o pocas horas antes, la policía puede actuar inmediatamente, desalojando a los okupas y devolviendo la propiedad a su dueño. «Si usted sale a trabajar por la mañana y regresa por la tarde y encuentra su casa okupada, la policía puede intervenir inmediatamente. Se identifica a los responsables y se detiene al presunto autor por allanamiento de morada», detalló.
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Pero si los okupas logran mantenerse en la vivienda por varios días y presentar algún tipo de prueba, como un video o una factura de luz reciente, el desalojo inmediato se vuelve imposible y la única vía para recuperar la propiedad es acudir a los tribunales.
Este criterio aplica tanto para viviendas habituales como para segundas residencias. De hecho, el Tribunal Supremo estableció en noviembre que ambas tienen la misma protección legal.
Cómo los okupas dificultan el desalojo
El inspector Luengo también explicó que los okupas se informan sobre la legislación y emplean estrategias para evitar el desalojo inmediato.
En Mallorca, la policía se encontró con un caso en el que una menor de 14 años abrió la puerta en pijama, fingiendo que vivía allí desde hacía semanas. Cuando los agentes revisaron la vivienda, solo había una manta en el suelo y dos linternas, lo que evidenció que era una ocupación reciente.
En otra intervención, descubrieron que un okupa «alquiló» ilegalmente la vivienda a otro okupa para justificar su presencia en el inmueble.
Estas tácticas dificultan la actuación policial, ya que, si no se puede demostrar que la ocupación es reciente, el caso se convierte en un proceso judicial largo y complicado.
La importancia de actuar rápido y la ayuda de los vecinos
El inspector subrayó que la rapidez en la denuncia es clave. Si un propietario o un vecino avisa a la policía en el momento en que detecta una okupación, los agentes pueden intervenir antes de que los okupas logren establecerse.
La colaboración vecinal también juega un papel fundamental. Si los residentes de un edificio o una comunidad ven movimientos sospechosos, como personas subiendo muebles a un piso vacío, alertar a la policía puede marcar la diferencia entre un desalojo inmediato y un proceso judicial que puede durar meses.
¿Cuánto se tarda en desalojar un okupa en España con la nueva «Ley Antiokupas?
La nueva ley de desalojos exprés entrará en vigor en abril
Mientras los casos de okupación siguen generando controversia, una nueva ley busca agilizar los desalojos en España.
En enero, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá expulsar okupas mediante juicios rápidos, evitando procesos judiciales largos.
Esta normativa, que entrará en vigor el 3 de abril, reducirá el tiempo de los desalojos, pasando de varios meses a solo 15 días. Una vez que el juez dicte sentencia, el lanzamiento será inmediato y sin necesidad de estudios de vulnerabilidad.
Sin embargo, hay incertidumbre sobre su aplicación, ya que el Gobierno podría presentar una nueva ley que derogue esta reforma antes de su entrada en vigor.
Ibiza, en el centro del debate sobre la okupación
El caso de Vicent Riera ‘Garrover’ ha generado indignación en Sant Antoni, donde vecinos y comerciantes han mostrado su preocupación por la aparente impunidad con la que los okupas pueden quedarse en viviendas ajenas.
Con la nueva ley a punto de entrar en vigor, la gran incógnita es si esta reforma realmente permitirá agilizar los desalojos o si los okupas encontrarán nuevas estrategias para seguir esquivando el sistema.
Por ahora, la única certeza es que actuar rápido y alertar a la policía en el momento justo sigue siendo la mejor opción para evitar que una okupación se convierta en un problema sin solución inmediata.
