Una vieja disputa por la posesión de un local en Marina Botafoch, epicentro del lujo ibicenco, ha terminado con una condena penal para su propietario. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza ha declarado culpable a Luc Louis C., un aristócrata belga de 78 años, y a su letrado, tras considerar probado que ambos presionaron e injuriaron al juez que tramitaba su causa civil.
El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando el empresario denunció que una mujer y varios individuos relacionados con un restaurante vecino habían ocupado de forma irregular su local, adquirido años antes por 300.000 euros. Según su versión, el espacio fue usurpado mediante documentación falsa y utilizado después como depósito de drogas y coches de alta gama, una actividad que él vinculaba a personas con supuestos lazos con la Camorra italiana, según publica Cronica Global.
Durante años, Luc Louis C. acudió a distintos juzgados de Ibiza, Palma y Madrid sin conseguir recuperar la propiedad. La frustración por la falta de resultados derivó en un enfrentamiento directo con el sistema judicial.
Presión al magistrado
Entre enero de 2022 y enero de 2023, el empresario y su abogado enviaron 16 correos electrónicos y una carta manuscrita al entonces juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, reclamando la ejecución inmediata de una resolución. Al no obtener respuesta favorable, lo acusaron públicamente de prevaricación y falta de imparcialidad.
El hostigamiento no se limitó a los despachos. Los acusados difundieron un vídeo y un artículo en un medio local en el que ponían en duda la integridad del juez y del sistema judicial ibicenco. Según la sentencia, ambas acciones formaron parte de una “campaña destinada a intimidar y desprestigiar al magistrado”, lo que alteró el desarrollo normal de su labor.
El tribunal les impone 18 meses de multa por coacciones y calumnias, además de 10 meses adicionales por injurias, con una cuota diaria de 10 euros y el pago de las costas judiciales. En caso de impago, se aplicará el artículo 53 del Código Penal, que permite sustituir la multa por penas de prisión.
Sin nulidades ni denuncias formales
La defensa alegó irregularidades en el procedimiento y solicitó la nulidad de la causa, pero el tribunal rechazó todos los argumentos, señalando que los acusados fueron informados y asistidos en todo momento. La sentencia también destaca que no existía ninguna denuncia formal por prevaricación contra el magistrado, lo que confirma el carácter difamatorio de las acusaciones.
El fondo del conflicto sigue vivo
La disputa principal —la presunta okupación del local 309 en la plaza de Levante— continúa abierta. El aristócrata sostiene que su inmueble fue ocupado fraudulentamente por una red vinculada al restaurante Il Giardinetto de Ibiza, que habría ampliado sus instalaciones aprovechando el espacio contiguo.
El local figura además relacionado con Antonino V., un empresario italiano detenido en 2020 en Catania por su presunta pertenencia a la Camorra, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Desde la concesionaria Ocibar, gestora del puerto deportivo, afirman no tener constancia de una okupación, aunque admiten que el restaurante amplió su superficie en los últimos años. Los responsables del negocio niegan cualquier actividad ilícita y aseguran operar bajo contratos de arrendamiento legales firmados en 2019.
En declaraciones previas, Luc Louis C. se ha mostrado decepcionado con las instituciones, que, según afirma, “no lo protegen” y “lo han dejado solo”. Asegura que teme por su seguridad y que ha evitado recurrir a empresas privadas de desalojo por miedo a represalias de grupos criminales.
Mientras tanto, continúa abonando impuestos por un local que no puede utilizar, viendo cómo otros lo explotan “cada día, con total impunidad”.
