Hace siete años que A. M. intenta que el Ayuntamiento de Sant Josep actúe ante lo que describe como un catálogo de obras ilegales en su urbanización de Port des Torrent: porches cerrados, habitaciones añadidas, un cuarto levantado en zona comunitaria y un muro derribado que abrió un paso hacia la vecina Sa Marinada. Desde entonces, asegura, nada ha cambiado. “Esto es un cachondeo”, resume.
La denuncia se formalizó en 2018, según a podido saber La Voz de Ibiza, a través del expediente 4621/18. Su esposa la presentó acompañada del acta de una junta de propietarios en la que, según sostiene, quedó constancia de que varios vecinos habían ampliado sus viviendas sin permiso.
A partir de ese momento, comenzaron las visitas de una celadora municipal, las fotografías oficiales y la apertura del expediente por seis viviendas con irregularidades. Después, la espera. “El arquitecto cerró el expediente después de cinco años”, explica. “Nos dijeron que al estar abierto no caducaba, pero luego me comunicaron que varias obras ya habían prescrito”.
Consultado por La Voz de Ibiza, el Consistorio afirma que no puede ofrecer información sobre expedientes de disciplina urbanística en curso, sin aclarar si se han producido notificaciones, sanciones o legalizaciones. Según A. M., nada de eso ha sucedido.
Reclamo
En el relato del denunciante, el tiempo se ha convertido en el principal aliado de las irregularidades. Las ampliaciones siguen tal como estaban hace siete años y el paso abierto entre urbanizaciones continúa operativo. “Aquí algunos hacen lo que quieren y los demás pagamos el pato. Hay viviendas más grandes que ni pagan más comunidad ni tributan más”, lamenta. También subraya que varios de los propietarios implicados no residen habitualmente en la urbanización, lo que, asegura, agrava la sensación de falta de control para quienes viven allí todo el año.
Durante este periodo, A.M. dice haber tocado todas las puertas. Primero con Ángel Luis Guerrero, entonces responsable de Urbanismo y posteriormente alcalde. Más tarde con Vicente Roig, actual primer edil, con quien mantuvo dos reuniones “sin avances”.
“En octubre del año pasado el alcalde me dijo: ‘No se preocupe, ya he dado la orden de acelerar el proceso’. Pero parece que está esperando que todo prescriba. El trabajo del arquitecto y de disciplina urbanística, que pagamos todos, queda en nada”, resume. Asegura que en aquella reunión Roig le explicó que solo faltaba el informe técnico para avanzar hacia las sanciones correspondientes.
También solicitó cita con Enrique Durán, a quien identifica como mano derecha de Urbanismo, pero nunca fue recibido. “Ya no me quieren dar más visitas. El Ayuntamiento lo sabe todo y no hace nada”, afirma.
Lo que más indigna
Entre las actuaciones denunciadas, A. M. destaca que el presidente de la comunidad ampliara su vivienda sin comunicarlo, la apertura del paso hacia Sa Marinada tras derribar el muro, y la “sensación de impunidad” porque las ampliaciones, asegura, no han ajustado coeficientes comunitarios ni pagan más impuestos. “Aquí algunos hacen lo que quieren y los demás pagamos el pato”, repite.
