El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Palma de Mallorca ha asestado un duro golpe a la presidenta de la recientemente constituida Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza, Naihara Cardona Martínez, al condenarla por el impago de las cuotas de amarre. Según la sentencia, en poder de La Voz de Ibiza, Cardona deberá abonar 1.353,87 euros más intereses legales a Puertos y Litorales Sostenibles, S.L., el actual concesionario de la dársena del Club Náutico de Ibiza.
La resolución judicial refuerza la postura del concesionario, que asumió la gestión del puerto en mayo de 2024, y valida las tarifas y condiciones de facturación impuestas, desestimando los argumentos de insumisión promovidos por la presidenta y otros antiguos socios. Además, Cardona deberá hacerse cargo de las costas del juicio, lo que agrava su derrota judicial.
Una estrategia de insumisión liderada por la presidenta de los amarristas
El fallo supone un revés no solo para la presidenta, sino también para la estrategia adoptada por la Asociación de Amarristas, que se ha mostrado crítica con las medidas implementadas por Puertos y Litorales desde su llegada. Naihara Cardona ha sido una figura clave en la movilización de antiguos socios y en la promoción de la insumisión de pagos como medida de protesta contra lo que califican de «tarifas abusivas» y falta de transparencia en la gestión.
La sentencia confirma que la política de facturación por periodos semestrales anticipados, aplicada por Puertos y Litorales, es legal y acorde a la normativa de la Autoridad Portuaria de Baleares. Esta práctica, destinada a evitar abandonos de amarre en temporada baja, ha sido uno de los principales motivos de queja de la asociación liderada por Cardona.
Desde Puertos y Litorales Sostenibles han expresado hoy, a través de un comunicado, su satisfacción por el fallo que estima íntegramente la demanda presentada por Puertos y Litorales Sostenibles S.L. contra la presidenta de la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza, Naihara Cardona, en reclamación del pago de las tarifas de amarre devengadas por su embarcación.
La sentencia afirma que “el motivo de oposición esgrimido por la demandada para no pagar íntegramente la deuda no puede prosperar ya que la emisión de facturas, por semestres anticipados, a las embarcaciones de base es usual, al tener esa consideración las embarcaciones que se encuentran amarradas en la dársena o puerto durante 6 o más meses al año. Si así no fuera, perderían esa condición, serían tratados como transeúntes y deberían abonar una tarifa muy superior”.
La sentencia fundamenta la “normalidad fáctica tanto fáctica o jurídica, de la emisión de factura por semestres anticipados (en este caso lo ha sido por cinco meses)” en diversa normativa.
Sigue diciendo la sentencia que “la exigencia de pago por semestres anticipados tiene la razonable justificación de evitar que una embarcación pague durante dos o tres meses (la temporada alta, fundamentalmente) tarifa de base, y luego abandone el puerto, dejando un amarre de muy difícil comercialización en la temporada baja”.
En relación con las tarifas aplicables, la sentencia se remite a “las tarifas aprobadas por la Autoridad Portuaria de Baleares el 6 de mayo de 2024, aplicables -tal como se hace constar en las mismas- desde esa misma fecha.”
Concluye la sentencia que “en atención a lo expuesto debe procederse a la íntegra estimación de la demanda interpuesta” e impone las costas a la demandada.
La sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Campaña de acoso
Por otra parte, Puertos y Litorales Sostenibles, ha calificado el último comunicado de la Asociación, no remitido a La Voz de Ibiza, «de una nueva campaña de acoso y desinformación por parte de la denominada Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza, y de su presidenta, Naihara Cardona Martínez».
A esta campaña responderá Puertos y Litorales Sostenibles en el momento y con las acciones que estime oportunos.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza este verano, la embarcación de la presidenta de los amarristas fue precintada por la Guardia Civil por impago, precinto que fue levantado cuando la usuaria depositó la cantidad en al juzgado del caso cuya resolución se ha conocido hoy.
