El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), ha decidido implicarse directamente en uno de los debates más complejos y sensibles para el presente y el futuro de la isla como es la crisis de la vivienda con un discurso centrado en dos ejes: limitación a la vivienda libre y todos los esfuerzos encaminados a vivienda para la gente de aquí.
Lo ha hecho desde la institución con menos competencias en la materia y asumiendo un riesgo político evidente, a pocos meses de las elecciones de mayo de 2027, al poner sobre la mesa medidas que rompen con el ideario liberal clásico de su partido y que suponen intervenir el mercado inmobiliario.
Tiene mucho que perder y poco que ganar en una jugada que rompe con el cortoplacismo que caracteriza la clase política de los últimos tiempos. De alguna manera, está repitiendo la jugada de la limitación a la entrada de vehículos y marcando el paso del discurso del PP balear.
El movimiento no fue improvisado. Marí aprovechó intencionadamente las tradicionales entrevistas de final de año concedidas a Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza y Formentera para lanzar mensajes de alto voltaje político —moratoria urbanística, aunque se cuidó de no utilizar un término que levanta ampollas entre sus filas, límites al crecimiento, residentes primero, Viviendas de Precio Limitado— con un objetivo claro: coger el toro por los cuernos.
En su discurso institucional grabado en Sa Coma ya deslizó alguna idea, pero sin tanta carga de profundidad como supone avivar la limitación a la construcción de vivienda libre.
Sin plan cerrado, pero con una maniobra calculada
Fuentes cercanas al presidente insisten en que no hay un plan diseñado ni un paquete de medidas cerrado detrás de esas declaraciones. No existe calendario ni hoja de ruta definitiva. Lo que sí existe es una maniobra política consciente que fuerza a posicionarse a todos los agentes implicados: ayuntamientos, sectores profesionales, partidos políticos y administraciones superiores.
La reacción ha sido inmediata. El PSOE de Ibiza ha acusado a Marí de inoperancia y de lanzar “palabras vacías”, quedando descolocado por un discurso que no esperaba desde el PP.
Unidas Podemos y Vox, en cambio, no se han pronunciado hasta ahora.
En paralelo, algunos ayuntamientos han mostrado su disposición a explorar una posible moratoria urbanística, mientras que arquitectos y constructores han expresado su rechazo frontal a cualquier suspensión de la vivienda libre, según ha recogido Periódico de Ibiza.
Después de Reyes, los contactos con los agentes sociales y líderes de opinión se intensificarán. Habrá también encuentros colectivos a través de los mecanismos de diálogo social.
Vivienda para gente de aquí
La necesidad a la que se ha referido Vicent Marí es facilitar vivienda a los residentes. No ha sido el único. Coincidencia o no, en su discurso institucional de Fin de Año, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, situó como prioridad la necesidad de garantizar vivienda para la gente de aquí.
Y es que el problema de la vivienda ya no afecta solo a colectivos vulnerables, sino de forma creciente a residentes, familias de clase media, trabajadores cualificados y jóvenes nacidos o arraigados en la isla que no pueden vivir donde trabajan. ibicencos que no pueden volver o ibicencos que se van.
Un mercado desalineado de la realidad insular
El diagnóstico que maneja el presidente del Consell es compartido por buena parte de los actores implicados: la vivienda puede poner en jaque el modelo de éxito de Ibiza.
La vivienda libre es hoy accesible casi en exclusiva para clases altas procedentes de países con una renta per cápita superior, y en muchos casos se convierte en segunda residencia.
El prohibitivo coste del suelo, los elevados costes de construcción y las legítimas expectativas de los promotores hacen que los precios de los pisos estén por las nubes. Tanto de compra como de alquiler.
Las viviendas de lujo que se están construyendo no resuelven el problema habitacional y que, lejos de aliviar la presión, consumen recursos y servicios públicos —agua, sanidad, seguridad— para los que la isla no dispone ni de capacidad suficiente ni de mano de obra estable.
El debate, subrayan fuentes conocedoras del planteamiento del Consell, no va de nacionalidades, sino de uso real y arraigo: en un territorio limitado, cada vivienda que no se destina a residencia habitual es una vivienda menos para quien vive y trabaja en Ibiza. Y hay problemas para encontrar mano de obra, tanto cualificada como sin cualificar. Y asentamientos de chabolas indignos, también en invierno.
Todos los sectores padecen la falta de mano de obra debido, fruto del incremento de las necesidades que ha supuesto la transformación de la isla hacia un modelo de visitante de mayor poder adquisitivo. El incremento de categoría de hoteles, restaurantes y salas de fiestas ha supuesto una mayor demanda de mano de obra. Y durante más meses.
Esta realidad también afecta a docentes, sanitarios y fuerzas de seguridad.
Por este motivo, el tirón de orejas del presidente ha afectado a empresarios y administraciones públicas.
Un límite físico y una advertencia clara
Se ha generalizado la idea de que el mercado no es capaz de resolver la problemática por sí solo y que no se puede crecer ilimitadamente porque esto lo único que hace es empeorar el problema, en tanto que las viviendas que se construyen no resuelven las necesidades.
Por eso, el presidente habló de limitar la construcción de vivienda libre y priorizar las Viviendas de Precio Limitado.
Más allá del precio o del urbanismo, hay un factor que condiciona cualquier escenario y que no puede obviarse: Ibiza no tiene agua para seguir creciendo. La prueba es la imposición de Recursos Hídricos al crecimiento contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Ibiza.
La solución, vía cuarta desaladora, va para largo. Una década es el tiempo estimado para que entre en servicio.
El alquiler turístico ilegal
Medidas como la lucha contra el alquiler turístico ilegal, aun siendo necesarias, no han tenido efectos significativos por sí solas sobre el mercado residencial. De alguna manera, ha supuesto un chasco, ya que había muchas esperanzas de que esas viviendas fueran destinadas al mercado residencial, algo que, al menos de momento, no ha sido así.
No puede dejarse de lado que la dificultad para atraer trabajadores acaba suponiendo una espiral inflacionista que resta competitividad al destino, ya que vía salario o vía vivienda a cargo del empresario, los costes laborales crecen. Y alimenta la turismofobia, otro de los riesgos a tener en cuenta.
Sin despreciar la barrera que supone para importar talento que tiene capacidad de decidir dónde trabajar.
El laberinto competencial
El debate se produce, además, en un marco legal y competencial complejo. La Unión Europea no permite prohibir la compra de viviendas a ciudadanos comunitarios ni aplicar medidas fiscales discriminatorias.
Los ayuntamientos son los competentes en ordenación urbanística a través de planes generales y normas subsidiarias, cuyos cambios requieren años. También pueden incrementar alturas y facilitar la reconversión de locales en viviendas.
El Consell puede actuar sobre el PTI, pero es la herramienta con menor impacto real en esta problemática.
El Parlament balear tiene margen para modificar la Ley de la Vivienda y el Govern para aprobar decretos, mientras que el Gobierno central, con una gran capacidad de intervención, permanece prácticamente ausente del debate, lastrado por su debilidad parlamentaria y por un enfoque ideológico centrado en el inquilino frente al casero y que evitan reforzar la seguridad jurídica frente al impago y la okupación para que la vivienda vacía salga al mercado del alquiler residencial.
El problema de la vivienda no es exclusivo de Ibiza, si bien en territorios peninsulares no se da la tormenta perfecta, ya que siempre se pueden construir unos kilómetros más lejos del centro de la ciudad para clases populares como se ha hecho toda la vida. Es un asunto más sobre la mesa de Pedro Sánchez.
Aquí el papel del Consell de Ibiza es más político que efectivo. Es el gobierno de la isla pero sin capacidad normativa ni competencias.
Qué está y qué no está sobre la mesa
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, el presidente no se plantea intervenir el mercado de viviendas unifamiliares ni las plurifamiliares de determinadas zonas de alto poder adquisitivo.
El foco está en el mercado residencial donde todavía es posible actuar y, especialmente, en la necesidad de construir vivienda para la clase media, tanto en alquiler como en compra.
La administración, asume Marí, no puede resolver el problema en solitario. Que el IBAVI construya vivienda para alquiler destinada a los colectivos más desfavorecidos es necesario, imprescindible de hecho, pero absolutamente insuficiente. El vacío está en la clase media, expulsada del mercado libre por completo y a la que la administración no está dando repuestas.
De hecho, es incapaz de dar respuesta en solitario. Necesita la implicación de promotores y constructores, sectores que tienen que ganar dinero levantando bloques de viviendas a precio protegido.
Un debate incómodo, pero inevitable
Aunque no lo ha dicho públicamente y el presidente se resiste a hacerlo, todos los caminos conducen a una moratoria en la vivienda libre para que los recursos del sector de la construcción puedan centrarse en la construcción de Viviendas de Precio Limitado en solares calificados como tal o recalificados y en zonas de transición, tal como prevé la normativa autonómica aprobada por el Govern de Marga Prohens.
