La Consellería de Vivienda confirma que las dos últimas viviendas dañadas por la explosión de gas del pasado 21 de abril en un edificio del IBAVI en Can Cantó, en Ibiza, podrán volver a ser habitadas este mes de septiembre. El suceso dejó cuatro heridos graves y terminó con la detención de un instalador de gas sin licencia. Pero el Govern balear evita responder ahora sobre el estado de las acciones legales anunciadas contra la constructora Uxcar y sobre el coste total asumido por el instituto público de la vivienda.
«El Govern está personado en la causa y el proceso sigue en instrucción judicial», se limitaron a señalar.
Quedan solo los últimos acabados
Una vez recibida la autorización judicial necesaria para intervenir en las dos viviendas más afectadas —la del estallido y otra en la que se derrumbó un muro—, el IBAVI inició las obras de reconstrucción, que ya se encuentran en su fase final. Los trabajos de tabiquería y las principales instalaciones están prácticamente terminados. Solo restan detalles como la pintura, el montaje de las cocinas y la colocación de los mecanismos eléctricos. La previsión de Vivienda es que ambas viviendas queden listas en breve y que las dos familias afectadas puedan regresar a sus casas este mismo mes, casi cinco meses después del suceso.
Cinco meses fuera de casa
Las dos familias más afectadas fueron realojadas en viviendas propiedad del IBAVI en Ibiza, totalmente equipadas. De las seis viviendas que resultaron directamente dañadas por la explosión, las otras cuatro se repararon durante el mes posterior al incidente. Mientras no pudieron regresar a sus domicilios, esas familias estuvieron alojadas en apartamentos facilitados por el Ayuntamiento de Ibiza y pagados por el IBAVI. Desde el mes de mayo, ninguna familia afectada permanece en estos alojamientos temporales.
El resto del edificio, ya recuperado
El edificio cuenta con otras 17 viviendas que no resultaron directamente afectadas por la explosión, pero sí sufrieron cortes de suministro. Durante la primera semana posterior al incidente se renovaron sus instalaciones, con la colocación de nuevos termos eléctricos y vitrocerámicas para garantizar electricidad, agua caliente y la posibilidad de cocinar. Esos vecinos pudieron volver a sus viviendas en los primeros días tras la explosión.
Duchas y comidas mientras duraron las obras
Mientras se ejecutaban los trabajos, el IBAVI facilitó desayuno, comida y cena a los vecinos en un restaurante cercano. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, se habilitó el espacio municipal de Can Tomeu para que los afectados pudieran ducharse con agua caliente. Desde el Govern insisten en que, desde el primer momento, la prioridad ha sido atender y acompañar a las familias afectadas y al resto de vecinos de la promoción.
La pregunta que Vivienda no contesta
Este diario ha vuelto a preguntar a la Consellería por el estado de las acciones legales que el Govern anunció en mayo contra Construcciones Uxcar 97 SL, la empresa adjudicataria de las obras, y se ha limitado a afirmar que «está personado en la causa, tal y como ya comunicamos en su día, y el proceso sigue en instrucción judicial». También se ha solicitado una cifra sobre el gasto total asumido por el IBAVI, incluida la reparación de las viviendas y el realojo de las familias. La Consellería no ha respondido a ninguna de las dos cuestiones y desde Vivienda se limitaron a señalar que, cuando dispongan de más información, la trasladarán a este medio.
Cuatro heridos graves y un detenido
La explosión causó heridas graves a cuatro personas. Dos de ellas fueron trasladadas a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia y una tercera permaneció varios días ingresada en la UCI de Can Misses. La Policía Nacional detuvo al instalador que manipuló la instalación, un operario sin habilitación oficial para ese tipo de trabajos, que quedó en libertad con cargos a la espera de la decisión judicial. La investigación situó el origen del siniestro en un escape de gas durante las obras para sustituir el suministro por electricidad. La causa sigue abierta y continúa a la espera de determinar las causas exactas y las responsabilidades definitivas.
La constructora, también esquiva
Cuando el Govern señaló en mayo a Construcciones Uxcar 97 SL —adjudicataria de las obras por 1.059.006 euros en julio de 2025— como la empresa que había contratado al instalador detenido, este medio preguntó entonces a la compañía por esa contratación y por los controles aplicados en la obra. La empresa evitó dar respuestas concretas y se limitó a asegurar que los responsables «se encontraban ocupados», sin aclarar las circunstancias del caso.
