El Parlament balear vivirá este martes, 4 de noviembre, una jornada de alta tensión política. El pleno debatirá la proposición de ley de Vox para incluir la vehicularidad del castellano en la educación, una iniciativa que, salvo sorpresas de última hora, no será admitida a trámite.
Al mismo tiempo, la polémica por la compra de ambulancias no operativas también centrará el debate, en una sesión que arrancará a las 09.00 h con la habitual sesión de control al Govern.
Vox presiona; el PP se mantiene firme
Vox busca modificar la ley autonómica de educación y garantizar la presencia del castellano como lengua vehicular. Sin embargo, el PP ha reiterado su rechazo al texto actual. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, confirmó el miércoles que el partido votará en contra de la admisión a trámite: “Nos mantendremos en la opción que dijimos desde el principio. Respetamos que la presenten, pero el acuerdo presupuestario no incluye esto”.
Sagreras subrayó que el texto propuesto por Vox vulnera líneas rojas del PP como la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos o la autonomía de centro educativo.
Por su parte, Manuela Cañadas (Vox) se mostró esperanzada y pidió al PP que permita al menos el debate parlamentario: “Lo único que les hemos pedido es que se admita a trámite esta ley”. Sin embargo, desvinculó el apoyo a los presupuestos de la aprobación de esta medida.
Tanto PSIB como MÉS per Mallorca y Més per Menorca reiteraron su oposición a la propuesta, que consideran un ataque a la lengua catalana y al sistema educativo autonómico.
Erosión de Vox al PP
La proposición de ley de Vox pone al PP ante una situación incómoda en un altamente sensible entre el electorado de ambas formaciones. Vox es consciente de que no saldrá adelante la normativa, pero se carga de argumentos y razones como partido que defiende el castellano con los que atacar al PP.
Desde Vox argumentan que ese cambio es necesario para garantizar “igualdad” y “libertad” lingüística, al considerar que el castellano ha sido marginado en el sistema educativo balear.
Por su parte, el PP se muestra mucho más cauteloso a modificar el status quo debido a la conflictividad social que generó en el pasado la lengua en la educación. Aunque manifiesta estar dispuesto a “negociar” la vehicularidad del castellano, rechaza la iniciativa tal como la presenta Vox.
La escenificación de estas diferencias no afectará al debate sobre los presupuestos.
Fondo del asunto
La proposición de Vox implica reformular la ley 1/2022 de Educación para introducir explícitamente el castellano como lengua vehicular en los centros baleares. El modelo actual otorga al catalán una posición predominante como lengua vehicular, lo que la formación de Santiago Abascal considera una “imposición”, mientras que otras fuerzas políticas y sociales lo interpretan como parte del derecho a la protección de la lengua propia.
Las ambulancias que nadie puede conducir
El pleno abordará también la interpelación del PSIB a la consellera de Salud, Manuela García, sobre la polémica compra de ambulancias de más de 3.500 kilos por parte de Gsaib. Estos vehículos requieren el carné tipo C, que la mayoría de trabajadores no posee, lo que impide su utilización.
El socialista Marc Pons pidió asunción de responsabilidades por parte del Govern, que acumula también problemas por las listas de espera, la falta de transparencia y el polémico nombramiento del director del Área de Salud de Ibiza y Formentera.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, también cuestionará a la consellera por lo que considera una “terrible conflictividad laboral” dentro de la empresa pública sanitaria.
Techo de gasto, migración y otras tensiones
Otros temas en la agenda del pleno del martes son:
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La huelga de socorristas
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El reparto de menores migrantes
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La entrega de viviendas protegidas
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El anteproyecto de ley agraria
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La justicia fiscal y los presupuestos autonómicos
Vox advirtió al PP que no acepte los fondos vinculados al reparto de menores migrantes, alegando que “provocan un efecto llamada”. Propuso, en su lugar, destinar esos recursos a seguridad, sanidad y vivienda.
Participación ciudadana y ley de dependencia
El pleno también debatirá la toma en consideración de la ley de la sociedad civil, impulsada por el Fòrum de la Societat Civil y apoyada por los grupos de izquierda, que busca aumentar la participación ciudadana en los procesos legislativos.
El PP aún no ha definido su voto, mientras que Vox ha anunciado su rechazo frontal por considerar que la norma busca “financiar chiringuitos afines a la izquierda”.
Finalmente, se votará la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en servicios sociales, que legaliza el aumento salarial pactado con los trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia (FASD). La consellera Sandra Fernández confía en que se mantenga el respaldo del PP, PSIB, MÉS per Mallorca y diputados no adscritos.
