El Tribunal Supremo ha ratificado la obligación del Govern de pagar 96 millones de euros a la empresa Birdie Son Vida S.L., propiedad del empresario Matthias Kühn. Esta decisión judicial rechaza el recurso presentado por la administración autonómica en relación con la operación vinculada a la urbanización de Sa Muleta II en Sóller.
Según la sentencia, el TSJIB determinó la compensación al considerar que se había incumplido un acuerdo alcanzado entre el Govern y la empresa en 2013, durante la gestión de José Ramón Bauzà.
Este fallo se suma a otras indemnizaciones significativas, como las de Punta Pedrera en Ibiza, por 86 millones de euros, y Cesgarden en Menorca, por 28,8 millones, convirtiéndola en una de las compensaciones más elevadas en la historia urbanística balear.
Un conflicto de larga duración
El conflicto con la Muleta II comenzó hace unos 14 años en Sóller, cuando un promotor alemán planeaba construir una urbanización de lujo en terrenos que luego fueron reclasificados como rústicos en 2008. Tras un acuerdo en 2013, un cambio legal permitió la construcción, pero el Ayuntamiento se negó. Los tribunales respaldaron al ayuntamiento en 2013, pero en 2016 el Gobierno suspendió la normativa que habría permitido la reclasificación, volviendo los terrenos a su estado rústico en 2017.
Dado que el suelo no volvió a ser urbanizable, el acuerdo de 2013 entre el Govern y Kühn no se ejecutó. Birdie Son Vida inició un nuevo proceso judicial debido a la imposibilidad de llevar a cabo la obra, y el TSJIB determinó en 2022 que era necesario pagar una indemnización.
Dos meses de plazo
El Tribunal Supremo respalda esta decisión y rechaza la necesidad de iniciar un nuevo proceso desde cero, como solicitaba la Abogacía de la Comunitat. En consecuencia, Baleares tiene un plazo de dos meses, según la sentencia, para abonar 63,5 millones de euros como compensación principal, más otros treinta millones en intereses desde que se presentó la demanda.
