El Govern balear ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una solicitud de medida cautelarísima para suspender de manera inmediata los traslados de menores migrantes no acompañados a las Islas, previstos en el Real Decreto 743/2025, aprobado el pasado 26 de agosto.
La medida busca paralizar la aplicación del decreto estatal, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes, al considerar que la norma incurre en una “nulidad manifiesta de pleno derecho”. Según el Ejecutivo autonómico, el texto fue aprobado sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en las normas que crean derechos y obligaciones nuevas, lo que supondría —afirman— “una infracción clara del marco legal vigente y una vulneración del principio de legalidad constitucional”.
Una red de acogida “saturada”
En su recurso, el Govern advierte de que la situación del sistema de acogida en Baleares es “extremadamente crítica”. Actualmente, el archipiélago dispone de 76 plazas ordinarias, pero acoge a más de 700 menores, lo que representa una sobresaturación cercana al 1.000 %.
El Real Decreto establece que la capacidad de Baleares sería de 406 plazas, una cifra que, según la Conselleria de Presidencia, no se ajusta a la realidad ni a los recursos disponibles. “Cualquier nuevo traslado degradaría la calidad de la atención y vulneraría el interés superior del menor”, advierten.
A finales de agosto y primeras semanas de septiembre, Ibiza contabilizaba 85 menores no acompañados bajo tutela del Consell —por encima de su capacidad—, mientras que Formentera mantenía 136 tutelas activas pese a que su cupo ordinario, según el nuevo decreto estatal, sería de apenas 4 plazas. Ambas instituciones han advertido que el sistema local está desbordado y reclaman refuerzos urgentes de financiación, personal y espacios
Desde el Ejecutivo de Marga Prohens subrayan que no suspender los traslados supondría un perjuicio irreversible, ya que los menores serían reubicados en un sistema “ya sobrecargado”, dificultando la atención y el seguimiento adecuados.
Urgencia y “emergencia migratoria”
El Govern justifica la petición de suspensión en la “urgencia y el interés público” de la situación, al considerar que los traslados podrían ordenarse de forma inminente. Además, recuerda que el propio Ejecutivo balear ha declarado la comunidad en situación de emergencia migratoria, ante la presión que soportan los servicios de protección y atención a menores.
Se trata de la primera solicitud de suspensión cautelar presentada por el Govern en este asunto. Si el Tribunal Supremo rechaza la medida, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que presentará nuevas alegaciones para intentar frenar los traslados.
