El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos del PP y Vox, un decreto que abre la puerta a la construcción viviendas en distintos municipios del archipiélago y que permitirá, por primera vez, convertir suelo rústico en urbanizable en las localidades con más de 10.000 habitantes.
La medida, que se tramitará ahora como proyecto de ley, ha generado un intenso choque parlamentario entre el Govern y los grupos de izquierda, que acusan al ejecutivo de entregar la política de vivienda a los promotores y anuncian un recurso de inconstitucionalidad.
Vivienda protegida, cesión de suelo y cambios urbanísticos
El texto aprobado incluye la creación de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), que permiten agilizar trámites urbanísticos, aumentar edificabilidades y desbloquear suelos con rapidez. La mitad de las nuevas viviendas deberán ser protegidas o de precio limitado, con un 15 % del aprovechamiento cedido a los ayuntamientos para vivienda pública o servicios.
Para optar a una de estas viviendas será necesario haber residido al menos cinco años en el municipio, y el 30 % se reservará a menores de 35 años. Las primeras actuaciones se centrarán en zonas ya contempladas por los planes generales de los municipios.
Vox impone condiciones clave: rústico urbanizable y veto a okupas
El acuerdo con Vox ha sido esencial para sacar adelante el decreto. A cambio, la formación ha incluido una serie de exigencias: los 24 municipios con más de 10.000 habitantes podrán urbanizar suelo rústico contiguo a zonas urbanas. Esto incluye a cuatro de los cinco municipios de Ibiza (Vila, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep) y Formentera.
Además, se excluirá de las ayudas a personas condenadas por usurpación o allanamiento y se extienden los PRE a toda Baleares.
Los PRE habían sido introducidos semanas atrás en un decreto aprobado por el Govern, pero originalmente se contemplaba solo la construcción de 20.000 viviendas en Palma, la mitad de ellas sujetas a protección pública o precio limitado. Con este nuevo acuerdo, municipios de Baleares podrán acogerse de forma voluntaria a las medidas.
“No se puede solucionar una emergencia habitacional con ideología”, ha afirmado la portavoz de VOX, Manuela Cañadas, quien ha culpado a la izquierda del desplome de la oferta y del incremento de precios. Ha defendido que el mercado solo se estabilizará “si se construye más, se alquila más y bajan los precios por sí solos”.
La izquierda responde: “Una ley hecha para que se forren unos pocos”
El rechazo ha sido frontal por parte de la oposición. El PSIB ha denunciado que las nuevas viviendas podrán costar más de 330.000 euros, inalcanzables para una gran parte de la población. “Una camarera de piso que cobra 1.600 euros al mes jamás podrá acceder”, ha advertido Iago Negueruela.
También ha cifrado en 600 millones de euros las plusvalías que obtendrán los promotores en solo dos años y ha acusado al Govern de “pasar por encima del planeamiento urbano a favor de intereses privados”.
El diputado de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha calificado la medida como una “operación especulativa a gran escala” y ha reprochado que no se hayan activado viviendas ya construidas o rehabilitables. Desde Més per Menorca, Josep Castells ha anunciado un recurso al Constitucional contra el uso del silencio administrativo positivo para aprobar licencias urbanísticas.
Mateo defiende “un plan de choque sin precedentes”
Desde el Govern, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha defendido que la norma es “una respuesta necesaria y urgente” ante una crisis habitacional estructural: “La falta de vivienda asequible para residentes obliga a actuar con medidas extraordinarias”.
Mateo ha insistido en que el decreto se inspira en la ley Carbonero de 2008, aprobada por el Pacte, y ha agradecido el apoyo de Vox para seguir adelante con la tramitación como ley: “Hay que recuperar el rumbo tras ocho años de no políticas de vivienda”.
