Desde Getafe, Pedro Sánchez anunció ayer que presentará una nueva ley que obligará a todas las comunidades autónomas a adoptar los horarios lectivos que existían antes de los recortes de 2012: 23 clases semanales en Educación Primaria y un máximo de 18 en Secundaria y Bachillerato. Este cambio dejará de ser una recomendación, como hasta ahora aparecía en la Lomloe, para convertirse en una exigencia legal que se debatirá con los sindicatos a partir del próximo miércoles.
El anuncio del presidente incluye además otras reformas educativas ligadas: la reducción de la ratio de alumnos por profesor y la disminución de la carga burocrática de los docentes, medidas que muchas comunidades ya han aplicado o están ajustando. En paralelo, se creará un programa de ayudas para que la escolarización de 0 a 3 años sea gratuita para familias bajo el umbral de pobreza.
¿Quién aplicará el cambio ya?
Varias comunidades ya han adaptado sus horarios a esas cifras. Catalunya, Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Galicia ya cumplen con 23 horas lectivas semanales en Primaria. En Secundaria, solo algunas regiones se encuentran todavía por encima de las 18 horas: Castilla‑La Mancha (19 horas, pero con mejora prevista), Madrid y Galicia (20 horas).
Galicia, por ejemplo, ya había acordado con sindicatos en octubre de 2023 la implantación de estos horarios. De modo que en esa comunidad la medida no supone una novedad absoluta, aunque le otorga carácter obligatorio.
Lo que cambia y lo que no se cuenta
Es importante subrayar que las horas lectivas afectan únicamente al tiempo de docencia en el aula, no al tiempo total de trabajo del profesorado, que incluye preparación de clases, corrección de tareas, atención al alumnado, formaciones, entre otras funciones. En Galicia, por ejemplo, la carga horaria semanal laboral es de 37,5 horas, repartida entre lo que ocurre en el aula y esas tareas complementarias.
Otra pieza clave del anuncio es la bajada de ratio por aula: menos alumnos por profesor se traduce, según el Gobierno, en posibilidades de enseñanza más personalizada. En Galicia, por ejemplo, la ratio máxima para Infantil está fijada en 20 alumnos por aula, y para los alumnos de seis años en 25; en la ESO es de 30, aunque se ha acordado reducirla a 25 a medio plazo; en Bachillerato, actualmente de 33, se bajará a 30.
Madrid, Castilla‑La Mancha y las excepciones
No todas las comunidades aplican ya esos horarios. De hecho, Madrid, Galicia y Castilla‑La Mancha se encuentran entre las pocas que aún mantienen horarios superiores a los propuestos por el Ejecutivo. En Madrid, los maestros de Primaria todavía trabajan 25 horas lectivas semanales, mientras que los profesores de Secundaria están en 20.
Estas regiones serán las primeras que notarán el impacto cuando la ley sea obligatoria. Para algunas, no será introducir algo nuevo, sino consolidar lo que ya se ha pactado; para otras, un cambio significativo en la estructura laboral del profesorado.
Reacción sindical y política
Los sindicatos han recibido el anuncio con satisfacción general, pero advierten que falta concreción. ANPE valora positivamente que la medida llegue por ley, pero reclama ver la letra pequeña: cuándo se hará efectiva, cómo se financiará y cómo se compensará al profesorado por los recortes de años anteriores.
Por su parte, la Xunta de Galicia criticó que el anuncio se haya realizado sin diálogo previo con las comunidades autónomas, al considerar que estas administraciones manejan la competencia educativa y los presupuestos docentes. Se ha tachado el anuncio de falta de respeto institucional.
¿Cuál será el calendario?
El Gobierno señala que la ley se presentará oficialmente ante los sindicatos el próximo miércoles. Será entonces cuando se discutirán plazos concretos. Algunas comunidades ya están adelantando actuaciones, pero la obligatoriedad estatal implicará que todas deban adaptarse, incluidos quienes aún no han modificado sus horarios.
Para que la ley funcione, será necesario que cuente con respaldo legislativo suficiente, dado que modificar horarios mediante ley puede implicar negociaciones autonómicas, presiones sindicales y ajustes presupuestarios. Hasta el momento, no se han detallado las compensaciones ni los mecanismos de control del cumplimiento.
