El fútbol profesional español se ha visto sacudido en las últimas horas por un grave caso extradeportivo que afecta directamente al colectivo arbitral. Un árbitro de Segunda División ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos tras ser investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta en la ciudad de Gijón. Los hechos, adelantados por medios asturianos, han provocado una reacción inmediata de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha decidido suspenderlo de toda actividad de forma cautelar.
El caso se encuentra ahora en manos de la justicia, mientras se siguen conociendo detalles de una investigación que incluye identificación por teléfono móvil, reconocimiento fotográfico y grabaciones de cámaras de seguridad, elementos clave que habrían permitido situar al árbitro en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Detención e investigación en Gijón
Según la información publicada, la Policía detuvo al colegiado en Gijón tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido agredida sexualmente en un domicilio del barrio de El Llano. Los hechos habrían ocurrido después de que el hombre contactara con ella y, presuntamente, se hiciera pasar por agente de la Policía Nacional.
El árbitro fue trasladado a la Comisaría de Gijón, donde prestó declaración ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer. Tras ello, fue puesto en libertad con cargos bajo la condición de investigado, a la espera de pasar a disposición judicial. Según los medios locales, el sospechoso cuenta además con una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la denunciante.
El móvil y las cámaras, claves en la identificación
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la forma en que los agentes lograron identificar al presunto autor. La mujer facilitó a la Policía el número de teléfono móvil desde el que había sido contactada. A partir de ese dato, los investigadores pudieron avanzar en la identificación del sospechoso, que posteriormente fue reconocido por la víctima en una fotografía.
Además, según la información publicada por El Comercio, el árbitro negó inicialmente haber estado en la vivienda donde supuestamente se produjo la agresión. Sin embargo, esta versión quedó en entredicho cuando cámaras de seguridad del edificio captaron su imagen entrando en el portal, un elemento que refuerza las diligencias policiales.
Uniformes y distintivos policiales
El relato de la denunciante incluye un elemento especialmente sensible. Según su versión, el hombre estaba en posesión de distintivos y uniformes policiales, que habría utilizado para coaccionarla y lograr que accediera a sus peticiones. Siempre de acuerdo con esta versión, el sospechoso la habría amenazado con posibles problemas relacionados con su situación administrativa irregular en el país si no colaboraba.
En el marco de la investigación, la Policía procedió también al registro de la vivienda del árbitro, donde, según ha trascendido, se encontraron uniformes y distintivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Las pesquisas continúan abiertas para esclarecer el origen y el uso de este material.
La respuesta inmediata de la RFEF
Nada más conocerse la noticia, la Real Federación Española de Fútbol actuó con rapidez. El lunes, tras la publicación de los hechos en diversos medios de comunicación, el organismo federativo anunció la apertura de un expediente de investigación interno y la suspensión inmediata del árbitro.
En su comunicado oficial, la RFEF explicó que, “en base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados”, se había adoptado esta medida cautelar. La Federación subrayó que la suspensión se mantendrá “hasta la resolución del proceso”, sin entrar a valorar el fondo del asunto mientras avanza la investigación judicial.
Esta decisión implica que el colegiado queda apartado de toda actividad arbitral, tanto en competiciones profesionales como en cualquier otro ámbito federativo, mientras se aclaran los hechos.
Un colegiado que había seguido arbitrando
Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, según las informaciones publicadas, el árbitro volvió a pitar un partido de Segunda División después de haber sido detenido y puesto en libertad tras prestar declaración. Este extremo ha generado sorpresa y debate en el entorno futbolístico, ya que la suspensión federativa no se produjo hasta que el caso trascendió públicamente.
El colegiado, de entre 30 y 40 años y de origen asturiano, según La Nueva España, formaba parte del estamento arbitral profesional y desarrollaba su labor con normalidad hasta que el caso salió a la luz.
Un caso que trasciende lo deportivo
Más allá del ámbito futbolístico, el caso ha generado un fuerte impacto social por la gravedad de los hechos denunciados y por la presunta utilización de símbolos policiales para coaccionar a la víctima. La investigación judicial deberá determinar si existió agresión sexual y si se cometieron otros posibles delitos relacionados con la suplantación de identidad o la posesión indebida de uniformes oficiales.
Desde el punto de vista deportivo, la Federación ha optado por una línea de prudencia institucional, activando los mecanismos internos previstos en su normativa y evitando pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del árbitro mientras el proceso sigue su curso.
