El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha desvelado en su comparecencia en el Parlament un alarmante retraso en los trámites relativos a los expedientes de Recursos Hídricos y de Costas. Más de 4.000 expedientes sin resolver en Recursos Hídricos y otros 2.000 en Costas con demoras que pueden superar los dos años y medio en la resolución son guarismos inaceptables en una sociedad moderna y que merecen una profunda reflexión sobre el funcionamiento de nuestra administración.
Detrás de cada cifra hay un proyecto de un ciudadano, de una empresa o de una administración que requiere el visto bueno de los citados organismos para emprender un proyecto o realizar una reforma. Es inaceptable que la administración que debe servir al ciudadano le castigue con una pena invisble en forma de desamparo durante un periodo de tiempo tan largo. Y, por ese motivo, urge una profunda reflexión sobre la irresponsabilidad que supone dictar normas sin contemplar los medios que se necesitan para que puedan ser cumplidas eficazmente, lo que pone en entredicho la bondad de las mismas.
Ha habido algunos tímidos avances en materia de simplificación administrativa a la hora de emprender obras a través de una declaración responsable. Cualquier avance en este sentido es poco, salvaguardando siempre la seguridad jurídica y garantizado la capacidad inspectora y sancionadora para evitar abusos y una falsa sensación de impunidad y barra libre.
La simplificación administrativa es imprescindible allá donde sea posible, pero no es suficiente. A la vista del alarmante colpaso de la administración regional es imprescindible dotar de más medios humanos y técnicos a la administración y contar con profesionales privados cuando sea posible para que la administración cumpla su papel y deje de ser un estorbo que complica la existencia al ciudadano en lugar de ayudarle, ralentiza las inversiones y desincentiva los proyectos.
