Bauzá se refiere a estos asuntos garantizando de forma vaga una «mayor transparencia» y «evitar la discriminación» que ha venido sufriendo de forma injustificable Ibiza en las últimas convocatorias. Es de agradecer que el conseller admita que se había venido maltratando a Ibiza, isla que recibía en inversiones por mucho menor importe que la recaudación, al contrario de que lo sucedía en Menorca, isla que recibía más de lo que recaudaba.
Dicha discriminación era fruto de que al frente del consell menorquín había un gobierno progresista al que Francina Armengol premiaba y del ibicenco, uno del Partido Popular, que era castigado.
Asimismo, merece el aplauso que el destino de la recaudación recupere su carácter finalista y que sea destinado íntegramente a cuestiones mediambientales como el ciclo del agua y a inversiones en zonas turísticas.
Discrecional
El reparto de la ecotasa debe dejar de ser discrecional por parte del Govern, administración que decide ahora mismo a su antojo por mucho que quiera disfrazarse, con la participación de los consells en la comisión sobre su reparto, que otorga capacidad de decisión alguna a los gobiernos insulares.
La ecotasa ha de cumplir el principio general de que la recaudación ha de destinarse íntegramente al territorio en el que se produce, de forma que, a mayor recaudación, mayor retorno. Y, además, cada consell ha de tener capacidad de decisión sobre una parte de esos fondos para que pueda, a su vez, consensuarlo con los ayuntamientos de cada isla.
De forma que el Govern pueda decidir sobre los proyectos autonómicos que se ejecutan en cada territorio en el ámbito de sus competencias y aquellos que tengan carácter pluriinsular y los consells puedan hacer lo propio con los proyectos insulares y municipales.
De esta manera, cada administración podría diseñar desde su autonomía planes plurianuales y establecer estrategias a largo plazo que puedan dar mayor eficacia a la aportación que hacen los turistas y también los residentes a través de cada pernoctación.