Ante la evidencia de que el actual marco normativo y los mecanismos de inspección y sanción son insuficientes para frenar la comercialización sin control en los mercados turísticos de viviendas y no han dado ni darán los frutos esperados, el presidente del Consell de Ibiza y conseller de Turismo, Vicent Marí, solicitó sin éxito al Govern de Francina Armengol un cambio normativo de calado y enorme trascendencia: el precinto cautelar de dichas viviendas.
El principal problema al que se enfrenta la administración para frenar el alquiler turístico es que la tramitación de las multas se eterniza y las posibilidades reales de que sean cobradas por la administración, mínimas. De forma que a los infractores no les ha disuadido y asumen el riesgo de ser sancionados mientras siguen haciendo un lucrativo negocio con sus inmuebles o con propiedades que alquilan para ser comercializadas en el mercado negro.
Al contrario de lo que sucede con las propias cuando actúa como una máquina implacable, la Agencia Tributaria no demuestra especial diligencia en el cobro de las sanciones dictadas por un tercero no residente en Baleares, donde sí actúa con determinación la Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Además, cobrar en vía ejecutiva una sanción impuesta a ciudadanos o empresas extranjeros es misión imposible ante la falta de mecanismos que permitan los embargos.
Efecto disuasorio
Piensa el Consell de Ibiza y el sector turístico que precintar de forma cautelar pisos turísticos supondrá un antes y un después en la lucha contra el alquiler ilegal por el efecto disuasorio que supondrá para los propietarios saber que el riesgo ya no es una multa de dudoso cobro después de una larga tramitación durante la que sigue explotando el inmueble, sino que el inmueble quedará fuera de mercado y dejará de poder ser explotado, lo que supondrá importantes pérdidas económicas, además del riesgo de la multa.
La distorsión que supone en el mercado turístico el fenómeno del alquiler turístico y que determinados agentes juegen con ventaja al no verse sometidos a las mismas reglas del juego que la oferta oficial sometida a una rigurosa legislación y la incidencia en el mercado de la vivienda en tanto que pisos destinados al alquiler residencial son destinados al turístico son dos de las principales consecuencias de lo que toda Ibiza considera una lacra. A ello, hay que añadir los problemas de convivencia que genera en edificios plurifamiliares.
Plazos
Una vez tomada la decisión política de considerar que las viviendas que se comercializan en el mercado turístico son establecimientos y, por lo tanto, pierden la inviolabilidad aparejada a la condición de domicilio y que era el argumento esgrimido para no facilitar los precintos cautelares, cabe preguntarse si tiene sentido esperar a introducir dichos cambios en la futura ley turística o es pertinente introducir una modificación parcial que afecte exclusivamente a este aspecto.
