Es incomprensible el comportamiento del colectivo de trabajadores, ya que está poniendo en riesgo los intereses generales de la isla y, por ende, el del resto de trabajadores de otros sectores.
El chantaje a las empresas a través del daño a Ibiza se esté llevando al límite, ya que los trabajadores no están cumpliendo los servicios mínimos y están recurriendo a burdas maniobras como argumentar el mal estado de los camiones que hasta la convocatoria de la huelga circularon con normalidad.
En un contexto como el actual, en plena temporada turística, es una enorme irresponsabilidad levantarse de una mesa de negociación de forma abrupta tras alcanzar un acuerdo preeliminar por cuestiones formales. Al igual que mantener la cerrazón hasta el lunes a las 14 horas, cuando las partes se verán las caras en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (TAMIB).
Negociar, única vía
La negociación y un acuerdo razonable para las dos partes directas implicadas directamente, trabajadores y empresas, y la tercera indirecta, en este caso, los ayuntamientos de Sant Josep, Sant Joan y Santa Eulària, es la única vía posible para desencallar el conflicto y evitar que se perpetúe una situación que no beneficia a nadie y perjudica a todo el mundo.
Siendo conscientes de ello, los sindicatos han preferido ofrecer una imagen bochornosa de la isla en plena temporada turística, lo que demuestra su enorme irresponsabilidad y la frivolidad con la que anteponen sus intereses particulares frente a los intereses generales.
Contrasta esta actitud con la demostrada por sus compañeros de Formentera, quienes teniendo más razón por reclamar el incumplimiento de un acuerdo ya alcanzado, optaron por desconvocar la huelga para dar margen a la negociación.
No hay que olvidar que estamos hablando de un servicio público y, como tal, debe ser tratado por todas las partes implicadas.
Por muy legítimas que sean las reivindicaciones en cuanto a sus pretensiones salariales, es inadmisible levantarse de una mesa de negociación, negarse a volver a la misma, incumplir los servicios mínimos y castigar a toda una isla con una huelga que fácilmente podría haberse evitado, sin que ello supusiera perder capacidad de negociación.
Es lógico, en este contexto, que empresas hoteleras que nada tienen que ver con el conflicto, amparándose en el derecho legítimo que les asiste y por cuestiones de salud pública, estén contratando los servicios de otras empresas del sector para proceder a retirar los residuos de sus propiedades privadas.
Nadie en este país cuestiona los derechos que tienen los trabajadores a hacer huelga, ni tampoco la legitimidad de sus reclamaciones salariales. Máxime en un entorno tremendamente inflacionista y con el precio de la vivienda disparado.
Sin embargo, la razón se pierde al utilizar torticeramente esos derechos en favor propio y en perjuicio de la sociedad en su conjunto en una huelga salvaje que se utiliza para chantajear a las empresas utilizando a los residentes y turistas como víctimas, sin importarles los perjuicios causados, ni el daño infligido a la imagen de Ibiza y, en consecuencia, a los intereses generales de todos los ibicencos.
