Queda menos de una semana para el 15 de enero, la fecha en la cual los quioscos de playa de Formentera están obligados a desmontar sus instalaciones por un período de 30 días. Una obligación que ha ratificado el Govern balear, pero sobre la cual el Consell insular buscará mediar en beneficio de los concesionarios, quienes se niegan a quitar sus estructuras de las playas.
La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern ha confirmado a Ràdio Illa que los chiringuitos deberán desmontarse entre el 15 de enero y el 15 de febrero. De todos modos, el Govern ha dicho que, ya para el 2026, “podría estudiar la posibilidad” de suspender la obligación de desmontar los quioscos de playa, “siempre que se plantee formalmente esta petición”. Es decir, que el pedido sea del Consell.
El mes pasado La Voz de Ibiza dio a conocer un informe jurídico del Consell de Formentera en el que se aclaraban dudas de concesionarios. En el informe se recordaba que la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha otorgado la concesión de la zona de servicios de playa al Consell, dice lo siguiente:
«El artículo 68 del Reglamento General de Costas especifica las dimensiones, distancias, y temporalidad de los establecimientos de comidas y bebidas en playas naturales. Se trata de, con la mínima ocupación (que se limita además exigiendo distancias importantes a otros establecimientos también expendedores de comidas y bebidas), y con instalaciones desmontables, presten servicios en temporada de alta a los usuarios de la playa. Por tanto, la exigencia para la permanencia y ocupación de estos tramos es máxima y no puede entenderse que existe necesidad de ocupación del demanio fuera de la temporada con gran cantidad de usuarios en la playa. No obstante, puede atenderse la alegación municipal presentada en marzo de 2023, y admitir que la obligación anual de desmontar se reduzca al período de un mes entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada año».
Este mismo texto se incluye en los contratos que han firmado los concesionarios de los quioscos de playa. En otras palabras, los dueños de los chiringuitos de Formentera sabían que deberían desmontar, algo sobre lo que ahora ponen objeciones.
El rol del Consell de Formentera
Luego del mencionado informe jurídico que ratificaba la obligación de desmontar los quioscos de playa, Sa Unió removió de la presidencia a Llorenç Córdoba y comenzó una nueva etapa política en la isla.
Ya con la nueva Junta de Gobierno operativa, la conseller de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha dicho Ràdio Illa que planea enviar un pedido formal al Govern para evitar que los quioscos de playa tengan que desmontarse. Ha aclarado que “habrá que tener en cuenta que cualquier cambio dependerá también del Ministerio [de Transición Ecológica]” y que “desde la conselleria [del Mar y del Ciclo del Agua] somos conscientes del impacto que esto supone para los concesionarios y estamos abiertos a valorar opciones que puedan facilitar su actividad, respetando el marco legal vigente”.
Una alternativa que Castelló ha puesto sobre la mesa es que los quioscos permanezcan en el lugar donde están, aunque cerrados.
Los reclamos de los concesionarios
Los concesionarios de los quioscos de playa, mientras tanto, presionan para eludir la obligación de desmontar. De hecho, el 16 de diciembre, concesionarios de los lotes 3, 19, 24, 35, 38, 43 y 50 presentaron un reclamo formal al Consell de Formentera.
Uno de sus argumentos es que esto implica desembolsar cerca de 50.000 euros. “Es una forma implícita de admitir que sus quioscos no son desmontables, una condición que se exige en el Reglamento de Costas”, se ha quejado con La Voz de Ibiza un antiguo concesionario.
Los actuales arrendadores de chiringuitos también aluden a que, además del mes en el cual el quiosco estaría cerrado, podrían sumarse hasta dos meses para tareas de montaje y desmontaje.
Por otra parte, los concesionarios apuntan a que en el pliego de condiciones del concurso de quioscos, licitado en noviembre de 2021 no menciona la obligación de desmontar quioscos, algo establecido un año y medio más tarde cuando se hizo la concesión, por parte de la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica, al Consell.
Su queja es que no pudieron contemplar costos asociados al desmontaje al momento de licitar. No obstante, la obligación sí figura en el contrato de adjudicación posterior.
