*Por Joan Huguet Rotger
Fue vicepresidente del Govern balear, presidente del Parlament, presidente del Consell insular de Menorca y portavoz de la comisión constitucional del senado. Por otra parte fue el redactor material de la ley de creación del Consell insular de Formentera y ponente coordinador de la reforma del estatuto de autonomía del 2007.
Formentera no reclama un privilegio, sino un acto de justicia. No exige un favor, sino el reconocimiento de una realidad que ya es institucional, política y democrática. Desde la reforma del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en 2007, Formentera cuenta con Consell Insular propio, con las mismas competencias, estructura y legitimidad que los de Mallorca, Menorca e Ibiza. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado este nivel de autogobierno, la Constitución Española la sigue considerándola una “agrupación” con Ibiza a efectos de representación en el Senado.
Esa disonancia entre la letra de la Constitución y la realidad institucional no es menor. Se trata de una anomalía jurídica y política que desfigura el equilibrio representativo del Estado y deja a Formentera sin una voz directa en la cámara territorial que, precisamente, debería garantizar la presencia de todos los entes territoriales de España.
Una incoherencia constitucional que debe corregirse
El artículo 69.3 de la Constitución establece que “en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores”. Dicho de otro modo: el criterio de representación en el Senado no es poblacional ni económico, sino institucional. Si una isla cuenta con un órgano de gobierno propio, debe tener senador propio.
Formentera cumple con todos esos requisitos. Tiene Consell Insular desde hace dieciocho años, ejerce competencias propias y mantiene una vida política diferenciada. Sin embargo, el texto constitucional sigue incluyendo la fórmula “Ibiza-Formentera”, heredada de 1978, cuando ambas islas compartían gobierno insular. Esa redacción, razonable en el contexto preautonómico, ha quedado obsoleta desde la creación del Consell de Formentera.
Por tanto, lo que se propone hoy no es una reivindicación localista ni un gesto identitario. Es una corrección técnica necesaria para adaptar la Constitución a la realidad institucional actual. Es, en definitiva, una cuestión de coherencia jurídica y de respeto al principio de igualdad territorial que consagra el artículo 138 de la propia Carta Magna.
Una anomalía reconocida incluso fuera de la isla
La situación de Formentera es única en España. Es la única isla del país que, teniendo un Consell o Cabildo Insular propio, no cuenta con senador propio. En todas las demás circunscripciones insulares —Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Menorca, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, El Hierro o La Gomera— la representación en el Senado se corresponde con la existencia de sus instituciones de gobierno.
Esta anomalía ha sido señalada por juristas, expertos constitucionalistas y hasta por representantes públicos. El propio senador por la actual circunscripción “Ibiza-Formentera” ha reconocido en declaraciones a la prensa que “Formentera tiene todo el derecho a pedirlo”. El Parlament de les Illes Balears, además, ha aprobado por unanimidad varias resoluciones instando al Congreso de los Diputados y al Gobierno central a promover la reforma del artículo 69.3 de la Constitución.
La unanimidad política en el ámbito autonómico demuestra que no se trata de una reclamación partidista, sino de una demanda compartida por todos los representantes del pueblo balear.
Una voz propia en la cámara territorial
La Constitución define al Senado como la cámara de representación territorial. En consecuencia, la ausencia de un senador propio de Formentera implica un déficit democrático. Las decisiones que se toman en el Senado afectan a todo el territorio nacional, incluidas las islas, y sería lógico que cada territorio con entidad institucional tuviera voz directa en ese espacio.
Formentera, con su dimensión humana, su identidad insular y sus singularidades —desde la insularidad doble hasta la gestión de recursos naturales o la protección de su entorno—, merece una representación directa y no subordinada. Tener un senador propio no significa más gasto ni privilegio alguno; significa que las decisiones estatales puedan tener en cuenta la perspectiva de una isla pequeña pero con peso institucional.
Dar voz a Formentera en el Senado refuerza la democracia representativa, mejora la calidad institucional del Estado autonómico y cumple con el principio de proximidad a la ciudadanía que inspira toda nuestra arquitectura territorial.
Una reforma constitucional posible y legítima
Modificar la Constitución no es un tabú. La propia Carta Magna prevé mecanismos de reforma (artículos 167 y 168), precisamente para actualizar su contenido cuando la realidad institucional evoluciona. La modificación que se plantea aquí sería de las más sencillas de tramitar: no altera el número total de senadores, ni modifica el equilibrio de poder entre territorios, sino que simplemente redefine una circunscripción ya existente para adecuarla a la realidad.
El cambio sería tan simple como sustituir la mención “Ibiza-Formentera” por “Ibiza” y “Formentera”, de manera que el artículo 69.3 quedara redactado como: “… y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.”
Una reforma de este tipo no altera la esencia de la Constitución, sino que la refuerza. La acerca a la realidad y corrige una incoherencia que, con el paso de los años, se ha vuelto más evidente.
Un reconocimiento al esfuerzo de una isla madura
Formentera ha recorrido un largo camino para consolidar su autogobierno. Desde aquel proceso estatutario impulsado por el propio Parlament balear, y del cual yo fui ponente y coordinador, se entendió que la creación del Consell Insular no era una concesión, sino un acto de justicia histórica. La isla ha demostrado capacidad de gestión, madurez democrática y responsabilidad institucional.
Hoy, completar ese proceso mediante el reconocimiento de un senador propio sería dar cumplimiento al espíritu de aquella reforma: equiparar plenamente a Formentera con el resto de las islas del archipiélago, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal.
Conclusión: justicia institucional, no privilegio
La Constitución de 1978 fue el fruto de un pacto entre generaciones. Ahora, más de cuatro décadas después, corresponde a nuestra generación perfeccionarla, adaptarla a la España autonómica que ella misma creó. La existencia de un Consell Insular de Formentera es un hecho jurídico, político y democrático indiscutible. Su ausencia como circunscripción senatorial, una incoherencia evidente.
Reconocer a Formentera un senador propio no desestabiliza el Estado, sino que lo hace más justo, más coherente y más representativo. Porque una democracia sólida se mide no solo por el número de sus ciudadanos, sino por su capacidad para escuchar incluso a los más pequeños.
Formentera, con su historia, su identidad y su madurez institucional, merece tener voz propia en el Senado. Y esa voz —la de una isla que ha sabido ser gobierno, territorio y comunidad— debe ser escuchada, también, en el corazón de la democracia española. Que así sea.
