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La acusación más fuerte de los nuevos adjudicatarios del megaconcurso bajo sospecha era la existencia del convenio entre OCBF y el Consell, debido a que la letrada que realizó un informe marcando irregularidades pertenece a la asociación que recibió un subsidio. Sin embargo, el mismo venía siendo otorgado desde 2011. «Se ha querido manchar la imagen de la entidad y de la presidenta con una acusación falsa», criticaron

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