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El Ayuntamiento ha realizado un informe detallado sobre las actuaciones llevadas a cabo en el desalojo de la propiedad del camping ilegal. Alertaron que existía un “riesgo grave para la integridad física de las personas” y que vivían “en unas condiciones inadecuadas de habitabilidad”.

La administración de Sánchez ha interpuesto una amenaza de constitucionalidad contra varias propuestas anunciadas. La presidenta del Govern ha manifestado que esto “supone una irresponsabilidad por parte del Gobierno de España”.

El portavoz Sebastià Sagreras ha denunciado que «Sánchez amenaza la construcción de nuevas viviendas públicas y viviendas a precios asequibles para residentes en Balears».