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Mariano Juan, vicepresidente de la institución insular, justifica la medida que permite legalizar viviendas con irregularidades. «Esta ley permite reconocer una realidad que existe, unas familias que existen, vidas que existen. No es, como dice el PSOE, añadir más presión. Es dar soluciones», dice.

Entre las cuestiones planteadas se destacan la creación de un registro específico que permita mayor control sobre las actividades y un sistema que facilite la gestión de trámites.