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El Ejecutivo da tres meses a las comunidades para consensuar los criterios de reparto. Si no hay acuerdo, se aplicará un reparto obligatorio que afecta a todos los territorios, incluida Baleares, que ya ha manifestado su rechazo a acoger más menores migrantes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado mejorar las retribuciones del personal público del Estado en las Islas para poder completar las plantillas.