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La sentencia, que ha sido notificada este viernes y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable.

El procedimiento, con un plazo de tres años, permitirá la regularización de edificaciones ilegales si cumplen criterios ambientales y de integración paisajística.