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El Parlament balear aprueba por decreto una normativa que permite urbanizar en municipios de más de 10.000 habitantes, endurece los requisitos para acceder a ayudas públicas y desata una ofensiva política y jurídica desde la oposición.

El colectivo denuncia que la nueva norma que entra en vigor el 1 de junio deja sin alternativa habitacional a unas 1.500 personas. También anuncian una movilización en vehículos por las calles de la isla.