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Esto representa cerca de 1,5 millones de euros más que en el año 2024, cuando la cantidad transferida por parte del Estado fue de 5,7 millones de euros.

El Consell mallorquín quiere limitar la entrada de vehículos a partir del verano de 2026 y toma como modelo la regulación que entrará en vigor este año en Ibiza, basada en criterios de carga y sostenibilidad.