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Mientras Salvem sa Badia denuncia una grave contaminación y más de cien peces muertos, el Ayuntamiento de Sant Antoni minimiza el impacto y lo atribuye a un atasco puntual en la red de saneamiento.

La institución insular justifica la decisión en criterios de eficiencia administrativa y necesidades técnicas, avalados por informes jurídicos y técnicos para prorrogar la concesión con la empresa Aqualia.